La fiscal Janny Sánchez-Porturas abrió 60 días de diligencias por colusión y negociación incompatible: empeñó los impuestos de los limeños por 20 años para financiar sus obras.
La fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas Ganoza, del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima, ordenó este 6 de mayo de 2026 la apertura de diligencias preliminares de investigación contra Rafael López Aliaga Cazorla y quienes resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado, representado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El plazo fijado es de sesenta días naturales. López Aliaga fue citado para rendir su declaración indagatoria el jueves 4 de junio de 2026 a las 9:30 horas en la sede fiscal del Jr. Lampa N.° 597, piso 3, Cercado de Lima, bajo apercibimiento de conducción compulsiva en caso de inasistencia.
LOS BONOS QUE NADIE VOTÓ
Durante su gestión como alcalde de Lima, López Aliaga recurrió a la emisión de bonos de titulización respaldados por los ingresos municipales del impuesto de alcabala y del impuesto vehicular, ante los límites legales que restringían el endeudamiento directo de la comuna. El resultado fue un programa de emisión de bonos por hasta S/ 4,000 millones, orientado a financiar el Plan de Inversiones 20232026, colocado en el mercado f inanciero internacional con un patrimonio fideicomitido como garantía. Lo que López Aliaga presentó públicamente como solvencia municipal era, en los hechos, deuda disfrazada de prosperidad. Cuando la Municipalidad Metropolitana solicitó la opinión de la Contraloría, la institución advirtió que la deuda contraída se pagaría en un plazo de 20 años, más cinco años de gracia, comprometiendo las finanzas de las siguientes cinco gestiones municipales.
El informe se denominó “Operación endeudamiento, sin garantía del gobierno nacional”. Es decir, Lima hipotecó su futuro para que López Aliaga pudiera cortar cintas en campaña. La denuncia que dio origen al caso fue presentada por el auditor internacional y exgerente de la Contraloría, Julio César Sifuentes Reyes, quien documentó que la emisión de bonos se ejecutó incumpliendo normas técnicas, legales y contables. La Procuraduría Anticorrupción apeló el archivo inicial del caso, lo que permitió que escalara y fuera evaluado nuevamente, hasta llegar a la disposición que hoy pone a López Aliaga frente a una citación fiscal.
LO QUE PIDE LA FISCAL
La disposición fiscal N.° 03, fechada el 6 de mayo de 2026 y firmada por la fiscal Sánchez-Porturas, ordena una batería de actos de investigación. Se requirió a la Municipalidad Metropolitana de Lima que remita en el plazo de diez días hábiles copia certificada y soporte digital de toda la documentación vinculada al Programa de Emisión de Bonos de Titulización, bajo apercibimiento de remitirse copias por la presunta comisión del delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 368 del Código Penal.
Además, la fiscal solicitó documentación a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Contraloría General de la República, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, a Bank of America Securities, al estudio Milbank LLP y al estudio Lazo Abogados, todos actores directos de la operación financiera cuestionada. La carpeta fiscal lleva el número 506015505-2025-440-0 y el fiscal a cargo de la instrucción es Paul Fernando Blas Oruna.
El precio de gobernar para los inversionistas
El caso López Aliaga no es solo una investigación penal: es el retrato de una forma de gobernar. Endeudarse con el mercado financiero internacional para f inanciar obras que generan titulares, comprometer los impuestos que pagan los limeños por décadas, y luego salir a decir que la ciudad está saneada: esa es la política económica que Renovación Popular quiso vender como gestión eficiente. Lo que la fiscalía investiga ahora no es solo si hubo colusión con los estudios jurídicos o con los bancos colocadores de los bonos, sino si existió una decisión deliberada de beneficiar a privados a costa del erario municipal. Que Bank of America Securities, Milbank LLP y Credicorp Capital estén en la lista de entidades requeridas dice mucho sobre quiénes ganaron con esta operación. La pregunta que Lima tiene derecho a hacerse es quién negoció qué, con quién, y a cambio de qué.
EL DATO: EL MINISTERIO PÚBLICO dispuso abrir diligencias preliminares por 60 días contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, y lo citó a declarar el 4 de junio, antes de la segunda vuelta presidencial de la que quedó excluido. La investigación abarca tanto al exburgomaestre como a todos los que resulten responsables en el proceso de endeudamiento.