El Perú aumentó su presupuesto educativo y superó el promedio regional de inversión, pero la inestabilidad política impide consolidar una política pública duradera.
En el Perú, los ministros de Educación duran menos que una promoción escolar. Mientras un estudiante termina primaria, el país puede haber cambiado varias veces de titular en el Ministerio de Educación.
La escena se ha repetido durante años: un nuevo ministro llega prometiendo reformas, anuncia prioridades distintas, cambia funcionarios y relanza programas. Meses después, abandona el cargo y todo vuelve a empezar.
En medio de esa rotación interminable, millones de estudiantes continúan esperando mejoras reales en la calidad educativa.
La cifra resume el problema. En la última década, el Perú tuvo 20 ministros de Educación, según un recuento realizado por Gestión. Solo desde 2021 pasaron 12 titulares por el sector.
La consecuencia, advierten especialistas, es un sistema educativo sin continuidad, donde los planes nacionales quedan a medio camino y las estrategias cambian antes de mostrar resultados.
Reformas que nunca maduran
El problema no es únicamente político. También es técnico. Cada nuevo ministro llega acompañado de nuevos equipos, nuevas prioridades y cambios administrativos que ralentizan los procesos.
Así, proyectos que deberían ejecutarse durante años terminan desarticulados en pocos meses.
“En promedio, ha habido dos ministros por año desde el 2016. Incluso hubo años, como el 2021, en los que hubo cuatro ministros”, señaló Juan Acosta, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en declaraciones recogidas por Gestión.
El especialista advirtió además que esa inestabilidad “no favorece al desarrollo de una política que permita al menos evaluar el impacto de las medidas aplicadas”.
La lista de ministros que pasaron por el sector en apenas diez años refleja precisamente esa fragilidad institucional: Jaime Saavedra, Marilú Martens, Flor Pablo, Martín Benavides, Ricardo Cuenca, Carlos Gallardo, Rosendo Serna, Morgan Quero, entre otros nombres que llegaron con diagnósticos distintos y prioridades propias.
Algunos impulsaron meritocracia docente; otros flexibilizaron evaluaciones o modificaron políticas previamente aprobadas.
El resultado es un sistema que vive en permanente transición.
Más dinero, menos impacto
La paradoja educativa peruana es que, mientras la estabilidad política se deterioraba, el presupuesto seguía creciendo. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas revisadas por Gestión, entre 2021 y 2025 la función Educación recibió más de S/ 219 mil millones, de los cuales se ejecutó el 92,3 %.
Además, para el 2026 el sector cuenta con un presupuesto superior a S/ 48 mil millones, una cifra récord que incluso supera el promedio regional de inversión educativa en América Latina.
Sin embargo, el aumento de recursos no ha generado una mejora proporcional en aprendizaje.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) advirtió recientemente que, pese al crecimiento sostenido del gasto educativo, el país mantiene “brechas en aprendizajes, equidad territorial y transformación digital”.
Las evaluaciones nacionales también encendieron alarmas. En 2024, estudiantes de cuarto de primaria obtuvieron resultados inferiores a los niveles prepandemia en matemáticas y comprensión lectora. En sexto de primaria, los resultados retrocedieron respecto a la evaluación anterior de 2022.
El problema no es solo cuánto se gasta
Especialistas coinciden en que el debate ya no pasa únicamente por aumentar el presupuesto, sino por cómo se administra.
Gran parte de los recursos continúa concentrándose en gasto corriente, especialmente salarios y obligaciones sociales.
De acuerdo con Gestión, alrededor del 60 % del presupuesto educativo en los últimos años se destinó a personal, mientras la inversión en infraestructura y modernización avanzó más lentamente.
“Cada incremento en el gasto del personal deja de lado partidas como la adquisición de bienes o infraestructura para el sector”, explicó Juan Acosta. El docente recordó además que la inversión destinada a construcción y mejora de colegios disminuyó en 2025 respecto al año anterior.
El debate sobre la meritocracia
Otro foco de discusión gira alrededor de la calidad docente y las recientes normas aprobadas por el Congreso.
Una de ellas permitió el retorno de aproximadamente 14 mil docentes interinos que habían sido separados tras no aprobar evaluaciones de la Carrera Pública Magisterial.
Para Acosta, la medida reabrió el debate sobre meritocracia y calidad educativa. “Se abre un debate sobre cómo se resguardan los criterios de meritocracia y calidad dentro de la Carrera Pública Magisterial”, sostuvo.
En la misma línea, Ramiro Salas, presidente del Gremio de Educación de la Cámara de Comercio de Lima, afirmó que el perfil docente necesita actualización permanente frente a los cambios del mundo moderno.
“Eso no puede solamente darse en la educación privada, sino también en la educación pública”, declaró.
El país que estudia distinto
La desigualdad educativa también sigue marcando diferencias profundas entre regiones y estratos sociales. Mientras algunos colegios privados avanzan hacia educación digital, idiomas y metodologías innovadoras, miles de escuelas públicas todavía enfrentan problemas básicos de conectividad, infraestructura y acceso tecnológico.
Datos citados por Gestión muestran que la matrícula escolar en secundaria del quintil más pobre sigue por debajo del quintil más rico.
En educación superior, la distancia es todavía mayor: el acceso del sector más acomodado triplica al de los jóvenes en situación de extrema pobreza.
A ello se suma un problema estructural que empieza desde la infancia. “La anemia afecta a cerca del 42 % de los niños en zonas rurales”, recordó Ramiro Salas, quien advirtió que el deterioro educativo comienza antes incluso del ingreso a las aulas.