EEl fiscal provincial de Crimen Organizado, Lucio Sal y Rosas, afronta acusación por cohecho, por ese motivo podría ser destituido y condenado. También se le cuestiona decisiones irregulares en dos casos de devolución de material aurífero.
El reciente secuestro del minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas al interior de una camioneta en Trujillo no solo desencadenó una severa crisis política e institucional en materia de seguridad ciudadana, sino que han puesto bajo la lupa la actuación del Ministerio Público.
Una reciente investigación del portal www.ocr.pe Observatorio Crímenes y Reputación, sacó a la luz que el fiscal provincial de Crimen Organizado, Lucio Sal y Rosas, archivó en el 2020 una investigación por minería ilegal que se le seguía al propio Lara.
Consultado sobre los criterios de dicho archivamiento, Sal y Rosas sostuvo en entrevista periodística que la procedencia legal del oro basándose únicamente en que el investigado administraba una bocamina.
Y al repreguntarle ¿cómo se estableció que el mineral salía de dicha bocatoma? no pudo fundamentar técnicamente cómo se acreditó que el material extraído provenía efectivamente de dicha infraestructura y no de actividades ilícitas. Además quedaron sin esclarecer las razones que motivaron la exclusión del caso de los ciudadanos chinos Yu Hang Lui y Ruzhong Yan, sindicados como los presuntos financistas del embarque ilegal.
«Los Topos del Frío»
Los cuestionamientos contra el magistrado no son nuevos. Sal y Rosas, según el.portal www.ocr.pe afronta una investigación penal por el denominado caso “Los Topos del Frío”, expediente en el que la Fiscalía Suprema descubrió un presunto esquema de corrupción orientado a la devolución irregular de lingotes de oro incautados.
De acuerdo con las indagaciones, el exconductor de televisión Andrés Hurtado habría intervenido para gestionar la devolución del mineral a sus dueños. Por esta intermediación, Hurtado habría recibido un millón de dólares, suma que —según las investigaciones— habría sido compartida con la fiscal superior Elizabeth Peralta y el propio fiscal Sal y Rosas.
Ante la evidencia recolectada, el fiscal supremo Edward Casaverde Trujillo, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, formalizó la investigación preparatoria y luego denunció a Sal y Rosas por el delito de cohecho pasivo específico. La Fiscalía Suprema solicita que el magistrado cumpla nueve años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil de S/ 57,573 a favor del Estado.
En un intento por frenar el proceso, Sal y Rosas recurrió ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkler para solicitar una tutela de derechos alegando la presunta vulneración de sus garantías procesales. No obstante, en la audiencia realizada el 27 de mayo de 2025, la fiscal suprema adjunta Nataly Ugarte Molina ratificó los cargos y la solidez de los elementos de convicción.
El propio juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, encargado del control del caso “Los Topos del Frío”, confirmó que el fiscal Sal y Rosas procedió con la devolución de las barras de oro incautadas.
Carhuancho detalló que la causa se encuentra actualmente en etapa intermedia y advirtió que el fiscal Sal y Rosas formuló acusación únicamente contra algunos imputados, dejando excluidos al resto de los involucrados.
El juez de investigación preparatoria admitió que ha ido a declarar a la Segunda Fiscalía Suprema que investiga al fiscal Lucio Sal y Rosas por la devolución irregular de los lingotes de oro.
Nuevas decisiones bajo la lupa
“Los Topos del Frío” no es el único expediente que empaña la conducta del magistrado. El 18 de agosto, la empresa Minera IntiGold Mining S.A. interpuso un recurso ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Omar Verástegui Wilson, a raíz de una polémica resolución emitida por el fiscal.
Mediante Providencia 228 y el Oficio N° 1011-2025, Sal y Rosas ordenó la entrega del material aurífero incautado a IntiGold Mining a favor del Consorcio Minero Horizonte S.R.L.
La defensa de la empresa señaló que “el fiscal se constituyó personalmente en la zona de los hechos, acompañado de un contingente policial, con la finalidad de ejecutar la entrega de la totalidad del material incautado a dicha empresa, conforme consta en el acta obrante en el Incidente N.° 24”.
Asimismo, solicitó tutela de derechos al juez Verástegui en vista que el fiscal había dispuesto “la entrega en calidad de custodia del material antes precisado a la empresa Consorcio Minero Horizonte S.R.L.”
Tras evaluar los argumentos de las partes, el juez Omar Verástegui frenó la medida dictada por Sal y Rosas y le ordenó abstenerse de cualquier entrega que afecte la propiedad de la empresa, disponiendo que el fiscal continúe con las diligencias de investigación por minería ilegal conforme lo solicitó. En su resolución, el magistrado dejó una severa llamada de atención:
“Se exhorta al representante del Ministerio Público que evite realizar actos de la naturaleza señalada en la Providencia 228 (05/09/2025) y el Oficio 1011-2025 (29/09/2025), por ser atentatorio al derecho fundamental a la propiedad privada que le asiste a la empresa Intigold Mining S.A.”
Según el.portal www.ocr.pe Observatorio Crímenes y Reputación, el fiscal Lucio Sal y Rosas declinó emitir comentarios argumentando que no contaba con la autorización institucional para declarar. Por su parte, la Oficina de Prensa del Ministerio Público tampoco respondió a la solicitud de entrevista planteada respecto a la situación legal del magistrado Lucio sal y Rosas.