Tres helicópteros Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) fueron designados para cumplir la alta misión de trasladar al Papa y a su comitiva oficial desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en la sierra de Cajamarca. Sin embargo, detrás de la cobertura oficial y los aprestos de seguridad, se esconde una grave sombra técnica: una de las aeronaves asignadas pertenece al lote intervenido por la fiscalía y es cuestionado tras el fatídico accidente en Chala de febrero último, el cual dejó 15 muertos entre militares y civiles, un siniestro envuelto en hermetismo castrense, según informó el diario AJÁ.
Un miembro de la tripulación designado para la custodia y el traslado del Sumo Pontífice —quien solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias— encendió las alarmas. El efectivo informó que las naves seleccionadas integran el grupo que recibió el mantenimiento mayor, conocido como overhaul, por parte de la empresa Helicentro Perú S.A.C., la cual es actualmente es investigada por el Ministerio Público tras detectarse que reparó al menos ocho aeronaves militares utilizando componentes de procedencia irregular y sin trazabilidad.
El fundamento del temor de la tripulación no es menor. El helicóptero Mi-171SH con matrícula FAP-614 se precipitó a tierra el pasado 22 de febrero en la provincia de Chala, dejando un saldo trágico de 15 fallecidos sin un solo sobreviviente. Dicha aeronave había sido entregada por Helicentro en noviembre de 2025. Aunque la FAP atribuyó el accidente a un cambio repentino de las condiciones climatológicas, los mandos militares se negaron en su momento a proporcionar el número de matrícula ante la prensa.
Hoy, la historia se repite con las tres unidades Mi-17 dispuestas para la ruta papal. En el comunicado oficial emitido el 28 de noviembre, la FAP omitió deliberadamente las matrículas de las aeronaves. Los registros visuales difundidos muestran cómo los fuselajes son deliberadamente cubiertos o protegidos por los propios pilotos encargados de la misión que conectará la costa norte con los Andes cajamarquinos.
Las gestiones de Cancillería y la sombra rusa
En paralelo a los preparativos logísticos por la llegada del Sumo Pontifice, las altas esferas diplomáticas y de defensa se mueven en un tablero complejo. La Cancillería informó a través de su cuenta de X sobre el retorno del canciller Carlos Espá tras una visita oficial a Moscú, donde se entrevistó con su homólogo ruso, Sergey Lavrov. Durante el encuentro, el titular de Torre Tagle expresó la profunda preocupación del Estado peruano por el reclutamiento irregular de ciudadanos peruanos enviados al frente de guerra en Ucrania.
En la misma agenda protocolar se abordó el mantenimiento de los helicópteros de fabricación rusa Mi-8 y Mi-17, vitales para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las labores de mitigación de desastres ante el Fenómeno del Niño.
La inquietud de Espá surge a raíz de las misivas de la estatal rusa National Aviation Service Company (NASC), la cual remitió cartas al Ministerio de Defensa, a la Contraloría General de la República y al comandante general del Ejército, general Oswaldo Calle. En los documentos, la firma rusa asegura que los trabajos de overhaul en tres helicópteros militares se realizaron conforme a los estándares del fabricante a través de su filial Millenium Velardi Corp, ratificando el uso de repuestos originales.
En dichas misivas, la corporación rusa rechazó tajantemente las imputaciones difundidas por medios periodísticos en el Perú —encabezados por el periodista Ángel Páez—, acusaciones que, según sostiene la empresa extranjera, habrían sido promovidas por el gerente general de Helicentro, Juan Castro Ventosilla, investigado por la fiscal anticorrupción Norah Córdova.
La ruta del dinero y los repuestos fantasmas
El epicentro judicial de este escándalo se encuentra en la Carpeta Fiscal 348-2025, a cargo de la fiscal Córdova. La investigación apunta directamente a los ejecutivos de Helicentro y a un grupo de cúpula de generales del Ejército y de la FAP por el presunto direccionamiento en la buena pro para el mantenimiento mayor de ocho aeronaves de guerra, adjudicado a un taller que carecía de la certificación del diseñador, del fabricante y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
El sustento principal de la indagación fiscal descansa en los informes de la Contraloría, que destaparon la instalación furtiva de piezas y accesorios sin certificación en los helicópteros Mi de la FAP y del Ejército Peruano (EP).
De acuerdo con el órgano de control, se desconoce la trazabilidad documentaria de los componentes instalados en las naves con matrículas FAP-602, FAP-606, FAP-607 y FAP-614, debido a que Helicentro omitió internar dichos repuestos en el servicio de abastecimiento de la institución militar, colocándolos directamente en los aparatos para burlar cualquier fiscalización de su origen.
“La comisión de control durante las visitas a las instalaciones de la Cía. Helicentro Perú SAC el 7 y 13 de mayo de 2024, se reunió con personal del Grupo Aéreo n.° 3 encargado de la supervisión in situ a la precitada contratación, no obteniendo documentación que acredite el ingreso de los componentes y accesorios nuevos por adquisición al Almacén General del SEBAT para su verificación documental de su procedencia”, advierte de manera categórica el comité auditor de la Contraloría en dos actas de constatación.
Ante el avance de las pesquisas, la respuesta castrense inicial fue el blindaje documental: los mandos militares después de un año de suscrito los contratos declararon secreto militar los dos contratos suscritos entre Helicentro Perú S.A.C. y las comandancias del Ejército y la Fuerza Aérea.
Ante esta estrategia de obstrucción, la fiscal Norah Córdova lanzó una advertencia severa a los involucrados. El requerimiento de colaboración alcanzó a los oficiales Edgar Dávila Escurra, Víctor Guevara Ñaupari, Carlos Monsalve Cabrejos, Moisés Carbajal Malca, Williams Lozano Flores, César Briceño Valdivia, David Ojeda Parra, así como al gerente de Helicentro, Juan Castro Ventosilla. La advertencia de la fiscalía es clara: de persistir en una actitud de rebeldía o resistencia a la justicia, se ordenará de inmediato su traslado por medio de la conducción compulsiva con el auxilio de la Policía Nacional.
Habla General FAP
Según el ingeniero aeronáutico y general FAP en situación de retiro Carlos Chienda quien ha seguido de cerca los trabajos de Overhaul realizados por Helicentro sostuvo: “Helicentro se ha dedicado al trabajo de mantenimiento de los helicópteros fabricados en Rusia. Cuando la DGAC le hizo una auditoria específica detectó que no contaba con los manuales del fabricante por ese motivo le retiró la licencia (…) luego el MTC ha sacado una directiva donde establece que la única autoridad que puede dar la extensión de la vida útil de la aeronave, es el fabricante. En ese sentido, lo que ha podido hacer Helicentro en reparar helicópteros militares no tiene valor”.
Sobre los resultados de la investigación del helicóptero reparado por Helicentro siniestrado en Chala, dijo: “Cuando una junta investiga un accidente aéreo lo primero que tiene que conocer si esa aeronave cuando estaba estacionada se encontrada en perfecto estado. Sin embargo, con lo que acabo de decir, llegamos a conclusión que ese helicóptero nunca debió volar”.