• Videos también evidencian que Diego Uceda ataca a candidato favorito para reemplazarlo en el cargo.
• Denuncia fue presentada ante Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 que deberá pronunciarse en una semana. Multa oscilaría entre 165 y 550 mil soles.
Videos que se han hecho públicos en redes sociales ponen en evidencia que el actual alcalde de La Molina, Diego Uceda, utiliza locales municipales para promover su campaña política, vulnerando el principio de neutralidad que exige la ley en periodo electoral.
Uceda también estaría organizando actividades municipales denominadas “Desayunando con el alcalde” para luego de hablar temas municipales, se dedique a atacar al exalcalde Juan Carlos Zurek, favorito para reemplazarlo en el cargo.
USA LOCALES PÚBLICOS
Según los registros audiovisuales, una de las actividades se llevó a cabo dentro del Centro de Atención Integral del Adulto Mayor, CIAM de La Molina, donde el burgomaestre realizó declaraciones de contenido político a vecinos, adultos mayores y otros grupos de la comunidad.
En ese lugar, Uceda manifiesta su intención de participar como candidato a primer regidor en la próxima contienda electoral e, incluso, nombrar a su candidata a la alcaldía (que sería su esposa y también ha sido cuestionada anteriormente por asumir decisiones o usar recursos públicos sin ser autoridad).
De igual manera, durante dichas actividades hace referencias a proyectos cuya ejecución se extendería más allá de su actual gestión municipal, condicionando las obras a su eventual elección.
ATACA ADVERSARIOS
Otro aspecto que genera preocupación es la mención reiterada de Uceda contra adversarios políticos, especialmente al exalcalde Juan Carlos Zurek, formulando afirmaciones falsas y tendenciosas.
DENUNCIA ANTE EL JNE
Vecinos han interpuesto una denuncia ante el Jurado Electoral Especial Lima Oeste 3, que deberá pronunciarse en una semana. La sanción sería entre 30 a 100 UIT, unos 550 000 mil soles.
Especialistas en derecho electoral recuerdan que las autoridades en ejercicio se encuentran sujetas a deberes de neutralidad durante los procesos electorales, debiendo abstenerse de utilizar recursos, instalaciones o actividades públicas para favorecer o perjudicar a organizaciones políticas o candidatos.