Ancianos, niños, personas discapacitadas y mujeres gestantes que viven en la Av. Francisco Pizarro Nº 646 por más de cincuenta años, serían desalojados de sus viviendas por un proceso judicial fraudulento seguido ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado del Rímac, así lo manifestó un dirigente de la Asociación Provivienda San Francisco de Paula Rímac.
Explicó que los poseedores del terreno, «que incluso han construido sus viviendas de material noble de dos y tres pisos, no encuentran explicación por qué se les quiere desalojar cuando nunca han suscrito contrato alguno de arrendamiento; y tampoco entienden por qué el Tercer Juzgado de Paz Letrado del Rímac hizo suya una acción judicial del cual no es competente».
Sostuvo que hace unos meses el magistrado titular de dicho despacho ha sido destituido, y el secretario Manuel Castillo Villaseca tendría más de una decena de denuncias, por tratos nada claro con los litigantes.
El representante de los afectados relató que el «30 de enero último se produjo un segundo intento de desalojo contra estas familias, y por el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y más de doscientos matones contratados por la familia Maguiña, quienes son los actuales propietarios del terreno, se encuentran hospitalizados los señores Abraham Higuche Ramos y Johan Wilber Sotelo Lanchipa, internados en el hospital Loayza con serias lesiones ocasionados por los efectivos policiales y delincuentes contratados. No existe explicación valedera del por qué los policías permiten la presencia de estos irrecuperables».
Informó que «se ha podido verificar que quien está interesado en la compra del terreno es la Constructora e Inmobiliaria PHC Innova EIRL, siendo su representante legal Enma Eulalia Pérez Huayan. Esta persona ha sido denunciada, según se puede verificar en las redes, por haber puesto en disposición de un inmueble con desperfectos, y no haber cumplido con asumir sus obligaciones con el Banco de Crédito del Perú para el levantamiento de la hipoteca de un predio matriz».
Finalmente, indicó que es necesario el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, y del Órgano de Control del Poder Judicial, por acción judicial que mantiene vicios evidentes de parcialización; y “solicitamos la intervención inmediata del Ministerio del Interior para que investigue la fuerza desmedida que ejercen los miembros policiales, en detrimento de niños y ancianos. También, convocamos al burgomaestre del Rímac, Néstor de la Rosa para que interponga sus buenos oficios para iniciar una habilitación urbana de oficio”.