Osinergmin y el Colegio de Ingenieros han señalado un intento de impulsar adendas para TGP y Cálidda sin sustento técnico, mientras se denuncian reuniones entre Guillermo Shinno e Iris Cárdenas ministro y viceministra de Energía e Hidrocarburos, respectivamente se reunieron con investigados. Estas acciones han generado cuestionamientos sobre la falta de transparencia en la gestión de contratos energéticos.
De espaldas al país.- Mientras las familias peruanas intentan recuperarse del golpe económico que significó pagar más de 150 soles por un balón de gas tras la rotura de un ducto en Megantoni (Cusco), en los escritorios del Ministerio de Energía y Minas (Minem) se cocina una jugada que beneficia a las grandes concesionarias del sector energético en detrimento de los intereses nacionales.
Guillermo Shinno e Iris Cárdenas, figuras clave en la gestión de Energía e Hidrocarburos, se encuentran en el ojo de la tormenta. Osinergmin y el Colegio de Ingenieros han encendido las alarmas ante lo que consideran un intento de modificar contratos a la medida de Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Cálidda, saltándose los criterios técnicos básicos y la transparencia regulatoria.
Las reuniones con investigados y la novena adenda
El malestar técnico y ciudadano no parece frenar las intenciones de los funcionarios. El pasado 26 de agosto, Shinno y Cárdenas sostuvieron una reunión con Leoni Roca, representante de TGP. El encuentro ha desatado duras críticas debido a que Roca se encuentra bajo investigación fiscal por presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra la seguridad y la salud en el trabajo.
El trasfondo de este acercamiento es la polémica preparación de una novena adenda para el contrato de TGP. Lo indignante para el sector técnico es que esta modificación se promueve cuando el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aún no determina si TGP fue la responsable directa de la crisis energética de marzo. Aquel «accidente» en el ducto de Cusco no solo dejó desabastecido al país, sino que provocó un impacto económico devastador estimado entre los US$ 2,600 millones y US$ 3,900 millones.
El Colegio de Ingenieros exige concursos públicos
La oposición a estas movidas no proviene solo del ente regulador. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) ha fijado una postura institucional firme en contra de la aprobación de adendas que incorporen nuevos proyectos fuera de las áreas de concesión originales.
Para el gremio de ingenieros, cualquier ampliación o infraestructura nueva debe someterse a concursos públicos competitivos que aseguren los mejores precios y condiciones para el Estado y los usuarios, advirtiendo que firmar adendas a dedo sienta un pésimo y peligroso precedente para la seguridad jurídica y económica del país.
El caso Cálidda y las «coincidencias» normativas
La sombra de la falta de transparencia también alcanza a Cálidda, empresa que actualmente concentra 2.6 millones de usuarios entre Lima y Callao y seis capitales regionales. La distribuidora busca añadir nuevas áreas geográficas a su contrato original bajo el argumento de que necesita una prórroga de tres años para conectar a menos de 10 mil hogares, y una extensión de 10 años para alcanzar a 201 mil familias.
Los cuestionamientos aumentan al revisar la línea de tiempo política: estos criterios de expansión que hoy favorecen las pretensiones de Cálidda fueron impulsados precisamente durante la gestión de Iris Cárdenas como viceministra de Hidrocarburos en el gobierno de Dina Boluarte.
El fantasma de Lava Jato y el millonario abandono del sur
Este escenario se conecta directamente con las secuelas del fallido proyecto SIT-Gas (el antiguo Gasoducto Sur Peruano), paralizado tras el escándalo de corrupción de Odebrecht en 2017. Lejos de reactivarse una solución definitiva para el sur del país, la parálisis estatal ha dejado pérdidas millonarias.
Desde la cancelación de la concesión, el Estado peruano ha desembolsado la alarmante cifra de S/ 947 millones únicamente para pagar a la empresa privada Estudios Técnicos Perú (ETSA) por concepto de vigilancia y mantenimiento de tuberías que permanecen abandonadas y oxidándose en el sur. Lo más grave de este gasto es que los fondos han sido extraídos de los presupuestos originalmente destinados a la electrificación rural, privando de luz a las comunidades más vulnerables del Perú profundo para custodiar un proyecto fantasma.
Los analistas del sector advierten que la actual política del Minem representa una consumación para sepultar de manera definitiva el proyecto energético del sur, consolidando un modelo de adendas y extensiones de contratos que perpetúa el monopolio y deja desprotegido el bolsillo del ciudadano de a pie.