Keiko Fujimori ya había tirado la toalla: “Más que eso no podemos hacer, evacúen ya”, dijo ante el riesgo de un meganiño. A ver si con los S/ 300 millones que devolvió el Congreso al erario nacional, el Ejecutivo asiste a la población vulnerable.
El Gobierno de Keiko Fujimori parece haber bajado los brazos frente a la amenaza del fenómeno El Niño, incluso antes de que comiencen las lluvias más intensas. El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, reconoció que el Estado no tiene capacidad para reubicar a todas las familias asentadas en quebradas y torrenteras, pese al peligro de inundaciones y huaicos. Sus declaraciones ponen en evidencia las limitaciones del Ejecutivo para proteger a miles de peruanos que habitan en zonas vulnerables y que, ante la proximidad de la emergencia, reciben como principal recomendación abandonar sus viviendas.
«El Estado no puede cubrir todo eso; cada familia tiene que tomar conciencia de la situación», declaró Arnillas, quien cuestionó que numerosas familias regresen a construir sus casas en los cauces después de sufrir inundaciones. Sin embargo, el funcionario no presentó un programa de reasentamiento ni explicó qué alternativas tendrán quienes carecen de recursos para trasladarse a lugares seguros. Así, el Gobierno insiste en que la población debe abandonar las zonas peligrosas, pero no ofrece una solución concreta para quienes no tienen adónde ir. La posición del ministro coincide con las declaraciones de la propia presidenta Keiko Fujimori, quien el pasado 16 de octubre exhortó a las familias que viven cerca de los ríos a preparar sus mochilas y evacuar ante la posibilidad de un fenómeno El Niño de gran intensidad. «Más que eso no podemos hacer», sostuvo entonces la mandataria, en una expresión que dejó en evidencia los límites de la respuesta gubernamental frente a una amenaza que podría afectar a miles de hogares. Aunque la evacuación preventiva constituye una medida necesaria para evitar pérdidas humanas, el problema es que muchas familias no cuentan con una segunda vivienda, recursos económicos ni redes de apoyo que les permitan trasladarse.
Pedirles que abandonen sus casas sin garantizarles refugios temporales, asistencia o alternativas de reubicación significa trasladarles buena parte de la responsabilidad de enfrentar una emergencia que también exige la intervención del Estado. Arnillas aseguró que su sector continúa ejecutando trabajos de limpieza y descolmatación de quebradas y cauces para reducir el riesgo de desbordes. Incluso afirmó que la maquinaria opera hasta en dos turnos diarios. Sin embargo, estas intervenciones no resuelven el problema de las familias que necesitan ser reubicadas. La situación plantea serios interrogantes sobrela planificación preventiva del Ejecutivo y su capacidad para atender a las poblaciones más expuestas. La situación resulta todavía más preocupante porque el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, advirtió que las lluvias de mayor intensidad asociadas al fenómeno El Niño podrían comenzar entre mediados y finales de noviembre. Es decir, el Gobierno dispone de apenas unas semanas para reforzar las medidas de prevención y establecer mecanismos de atención para las familias que podrían perder sus viviendas o quedar aisladas por inundaciones y deslizamientos.
Frente a este escenario, el Ejecutivo tiene la obligación de pasar de las exhortaciones a las acciones concretas. La protección de la población vulnerable no puede limitarse a pedir que evacúe ni a responsabilizarla por vivir en zonas peligrosas. Se necesitan refugios, asistencia humanitaria, recursos para los gobiernos locales y alternativas de reasentamiento. De lo contrario, el país podría enfrentar una nueva emergencia en la que, una vez más, los sectores más pobres terminen pagando las consecuencias de la falta de prevención.
Familias abandonadas a su suerte
Detrás de las viviendas levantadas en quebradas, riberas y asentamientos vulnerables existe una realidad que el Gobierno parece ignorar: miles de familias viven en estos lugares porque no tienen recursos para acceder a terrenos seguros ni a una vivienda digna. Para ellas, abandonar sus hogares no es una decisión sencilla, sino una medida que puede significar perder el único patrimonio construido durante años de esfuerzo. La falta de alternativas habitacionales revela también las deficiencias de una política de vivienda que no ha logrado atender las necesidades de los sectores más pobres. Mientras las autoridades advierten sobre los peligros de permanecer en zonas de riesgo, sigue pendiente una respuesta integral que permita a estas familias trasladarse sin quedar desamparadas. La prevención no puede reducirse a limpiar quebradas o emitir alertas cuando las lluvias están por comenzar. La evacuación puede salvar vidas, pero sin albergues adecuados, asistencia económica ni programas de reasentamiento, las familias más vulnerables quedan expuestas a perderlo todo. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de explicar qué medidas adoptará para protegerlas, en lugar de limitarse a trasladarles el peso de enfrentar el desastre. Porque advertir sobre una tragedia anunciada no equivale a impedirla.