La denuncian penalmente junto a directivos y altos funcionarios del Minem por presunta organización criminal, tráfico ilícito de minerales y contaminación ambiental en áreas protegidas.
MINERA PODEROSA SUMA NUEVA DENUNCIA PENAL. Minera Poderosa vuelve a quedar bajo la lupa pública tras la presentación de una nueva denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación. La acción fue interpuesta por la asociación EQUIDAD contra la empresa, sus principales directivos y funcionarios vinculados al sector Energía y Minas, por presuntos delitos de organización criminal, minería ilegal agravada, tráfico ilícito de minerales, falsa declaración administrativa y contaminación ambiental.
Según la denuncia, la minera habría utilizado mecanismos administrativos para consolidar operaciones en extensas áreas de explotación mediante la f igura de “actividad minera continua”. Para los denunciantes, este mecanismo habría sido empleado de manera irregular para excluir a mineros inscritos en el REINFO y afectar sus procesos de formalización. La acusación sostiene que varias concesiones incorporadas en los planes de minado de Minera Poderosa no cumplían con supuestos favorecimientos estatales y operaciones en zonas ambientalmente protegidas. las condiciones legales necesarias para ser consideradas actividad minera continua.
Algunas habrían sido otorgadas después del año 2001 y otras no habrían contado con certificación ambiental suficiente al momento de ser incluidas en dichos planes. El caso también alcanza a funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, quienes, según EQUIDAD, habrían emitido criterios y decisiones administrativas favorables a la compañía. La denuncia plantea que estos actos habrían permitido ampliar el margen de operación de la minera y desplazar a pequeños mineros en proceso de formalización.
Otro punto sensible es la ubicación de operaciones vinculadas a Minera Poderosa en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Río Abiseo, área de alto valor ambiental y cultural. La asociación denunciante afirma que existirían incumplimientos de compromisos ambientales y posibles afectaciones a ecosistemas protegidos. EQUIDAD también advierte que la empresa acumula cuestionamientos por contaminación ambiental, presuntas irregularidades administrativas y deudas pendientes con el Estado peruano. Para la organización, estos hechos reflejan una conducta reprochable que exige una investigación fiscal profunda y transparente. La denuncia además cuestiona la relación entre grandes intereses extractivos y entidades estatales.
Según los denunciantes, existiría una red de inf luencia que permitiría a representantes de la minera moverse con facilidad dentro del aparato público, especialmente en el Ministerio de Energía y Minas. El nuevo caso reabre el debate sobre el verdadero poder de las grandes mineras en el Perú y sobre el papel del Estado frente a denuncias que involucran ambiente, formalización minera, fiscalización pública y presuntos favorecimientos corporativos.