La crisis energética provocada por la ruptura del ducto del gas de Camisea podría prolongarse mucho más de lo que el gobierno ha reconocido públicamente. Especialistas del sector energético y fuentes técnicas bien informadas señalan que los trabajos de reparación no estarían concluidos antes del 23 de marzo, lo que contradice el mensaje optimista que han transmitido la premier Denis Mirelles y el ministro de Energía y Minas.
Según estos expertos, el daño en la tubería exige trabajos complejos que incluyen la evaluación del terreno, el reemplazo de tramos de ducto y pruebas deseguridad antes de reiniciar el flujo de gas. Este proceso técnico requiere varios días adicionales, por lo que
consideran poco realista el plazo más corto que ha venido anunciando el Ejecutivo.
Mientras tanto, el impacto de la crisis ya se siente en distintos sectores del país. Miles de taxistas que dependen del GNV enfrentan restricciones en el abastecimiento, mientras industrias y generadoras eléctricas han tenido que ajustar su consumo ante la
escasez del combustible. El gobierno ha priorizado el uso doméstico y el transporte público, dejando a otros sectores con acceso limitado al gas.
Para los analistas del sector energético, la situación también revela una debilidad estructural
del sistema peruano: la dependencia de un solo ducto para abastecer de gas natural al país, especialmente a Lima. Esta vulnerabilidad, advierten, expone al Perú a crisis como la actual y pone en evidencia la falta de planificación del Estado para garantizar la seguridad energética nacional.