En pleno centro de Trujillo, con uniformes policiales y pistolas con silenciador acribillaron a 4 jóvenes y gobierno no hace nada.
Ejecutivo pretende que le den facultades en el Congreso para derogar ley de topes a intereses bancarios y quitar derechos laborales.
La madrugada de este domingo, Trujillo volvió a teñirse de sangre. Sicarios disfrazados con uniformes de la Policía Nacional interceptaron una camioneta en la avenida Húsares de Junín, a pocas cuadras de la Plaza de Armas, y ejecutaron a balazos a cuatro personas: Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez, estos dos últimos, parte de la seguridad de la víctima principal. Acto seguido, secuestraron al empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, cuyo paradero se desconoce hasta el cierre de esta edición.
Según el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, el ataque fue planeado con al menos tres meses de anticipación y ejecutado con un arma con silenciador. La propia División de Secuestros venía advirtiendo sobre la operación desde hace meses, sin lograr identificar el objetivo a tiempo. La Policía investiga una eventual participación de “Los Pulpos” o “La Jauría”. El crimen no es un hecho aislado: es el símbolo de una gestión que, a más de 30 días de haber jurado el cargo, no ha sido capaz de contener el avance del crimen organizado. Todo lo contrario: los homicidios se han multiplicado desde que Fujimori asumió la presidencia el 28 de julio.
RENOVACIÓN POPULAR PIDE LA CABEZA DE ARRIOLA
La masacre desató una ola de indignación en el Congreso. La bancada de diputados de Renovación Popular —aliada del oficialismo— exigió este domingo la renuncia inmediata del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, “ante la falta de resultados” en la lucha contra la delincuencia. El pedido se suma al que días antes ya habían planteado bancadas de izquierda como Juntos por el Perú, que incluso presentó un proyecto de ley para habilitar mecanismos de destitución del jefe policial. El problema es que una ley aprobada por el Congreso anterior —la Ley 31570— blinda a Arriola en el cargo hasta cumplir dos años de gestión, es decir, modificarla.
EL “CONTRABANDO” EN LAS FACULTADES LEGISLATIVAS
hasta septiembre de 2027. El propio ministro del Interior, César Astudillo, ha reconocido públicamente que no tiene margen legal para removerlo mientras esa norma siga vigente, aunque anunció que el Ejecutivo promoverá un cambio legislativo para En medio de esta ola de sangre, el Gobierno remitió al Congreso su pedido de facultades legislativas por 120 días, con 66 propuestas agrupadas en ocho bloques temáticos. Bajo el argumento de “combatir la delincuencia”, el paquete efectivamente incluye medidas de seguridad ciudadana, reforma penitenciaria y control migratorio. Pero no es solo eso. El propio texto remitido a la Cámara de Diputados contempla también facultades para legislar en materia laboral y de promoción del empleo, así como una modificación al artículo 6 de la Ley 28587 y al artículo 9 de la Ley 26702 que eliminaría los topes a las tasas de interés que hoy protegen a millones de peruanos de la usura bancaria. El congresista José Luna Gálvez, impulsor de la Ley 31143 —la norma que puso freno a los intereses abusivos de la banca—, ha denunciado que esta modificación abriría la puerta a que las entidades financieras eleven las tasas de interés de créditos y tarjetas de crédito muy por encima de los niveles actuales, dejando a la clase media y a los pequeños empresarios a merced de la banca. Es decir: aprovechando el legítimo reclamo ciudadano de seguridad, el Ejecutivo intenta colar de contrabando una agenda que nada tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado.
ABANTO: “ES PRECIPITADO E INCONVENIENTE”
El abogado penalista Humberto Abanto ha cuestionado el momento y la forma en que el Gobierno ha planteado este pedido. Según explicó, la oposición controla 74 de los votos necesarios en la Cámara de Diputados, mientras que el oficialismo requiere 66 para su aprobación, por lo que consideró “precipitado e inconveniente” que el Ejecutivo se exponga a una eventual derrota política. Para Abanto, si el Gobierno tiene proyectos concretos, debería presentarlos directamente al Congreso y defenderlos uno por uno, en lugar de pedir un cheque en blanco por 120 días.
LA CUENTA PENDIENTE
Mientras el Congreso decide si le entrega o no un poder extraordinario a un gobierno que hasta ahora no ha mostrado resultados en seguridad, en Trujillo cuatro familias lloran a sus muertos y una quinta espera con angustia por la vida de un empresario secuestrado. La pregunta que queda flotando es simple: ¿facultades para combatir el crimen, o facultades para todo lo demás?