Sector estratégico de Infraestructura
- Sospechosa presencia de ciertas empresas chinas que incumplen contratos
Luego de conocerse el déficit de USD 110.000 millones de infraestructura en el Perú elaborado por un estudio de la U del Pacífico y EY Consultores, resulta increíble que exista una deuda de más de tres mil millones de soles con los subcontratistas que confiaron en los contratos realizados vía consorcios con empresas extranjeras. Luis Caballero Campos, gerente de la empresa BANAH, cumplió con lo exigido, luego sufrió un quiebre financiero.
“Es algo realmente muy desalentador, generamos un emprendimiento con mucho entusiasmo, cumplimos legalmente, operamos con calidad técnica, actuamos con responsabilidad frente a nuestros trabajadores y proveedores, y al final, las grandes corporaciones ganadoras de licitaciones no cumplen con pagarnos, nos llenan de penalidades y nos perjudican económicamente al punto de afectar nuestras deudas cotidianas entre ellas los estudios y alimentación de nuestros hijos”, dice.
Caballero, tiene pendientes de liquidación y cierre contractual de subcontratos suscritos en los años 2021 y 2022 con el Consorcio Sinohydro & Proyecta, S&P (ante, Liu Dafeng y Zhao Xu, representantes chinos) con proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Ejecutó movimiento de tierras, contención y drenaje en el distrito de San Juan de Tantaranche (Huarochirí). Ahora, tiene en espera procesos de cierre contractual, devolución de retenciones, y evaluación de eventos compensables derivados del clima.
Ha solicitado vanamente al Consorcio S&P una mesa de diálogo para una liquidación contractual justa. Invoca la participación de entidades competentes como ANIN, Defensoría y Contraloría. Luis Caballero, reconoce que sí existen empresas chinas serias.
“Hay muchos emprendedores que brindaron servicios como subcontratistas con empresas asiáticas y perdieron. Aquellas empresas vienen vía el Consejo Chino Para la Promoción del Comercio Internacional. ¿Y el rol del Estado peruano?: el Tribunal de Contrataciones del Estado, la CGP, la fiscalización del Congreso sobre las contrataciones públicas”, agrega.
“No nos pagan y ahora tenemos deudas con nuestros trabajadores, proveedores, SUNAT, SUNAFIL, SENCICO, CONAFOVICER, AFP y con la familia, nos implican además en demandas penales. Tuve que vender un departamento para cumplir con el avance de la obra y pagar a proveedores. Queremos conversar dentro de los mejores términos con los representantes de la empresa y hallar una solución viable”, enfatiza.
El alto déficit de S/3,000 millones complica al país con la paralización de 22 proyectos críticos y el riesgo de arbitrajes contra el Estado por S/8,000 mil millones (periodo 2025-2026). El ANIN permite a los contratistas principales ahogar a los emprendedores peruanos.