Testigos que no lo identifican, acusaciones sin evidencia sólida, versiones que se contradicen, aun así el Ministerio Público de Arequipa lo señala y mete dentro de investigaciones del caso que dejó 13 muertos en Arequipa
La pesadilla para Jesús Baca Quispe, empieza en el año 2022, cuando un enfrentamiento armado entre las asociaciones Atico Calpa y Calpa Renace en la unidad minera Calpa, operada por Intigold Mining, dejó 13 mineros muertos.
A partir de la tragedia, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, liderada por la fiscal María Alejandra Cabana, arrastra en un proceso penal que actualmente involucra a más de 56 personas entre ellos empresarios mineros con operaciones legales y sin antecedentes criminales.
Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Arequipa y la Policía han impulsado un proceso judicial bajo cargos de usurpación agravada, tenencia ilegal de armas, homicidio y crimen organizado.
Desde ese año Jesús Baca Quispe, empresario formal con permisos y contabilidad en regla viene luchando hasta la fecha contra la Fiscalía que lo acusa de ser el brazo financiero de la organización Atico Calpa, señalando que habría apoyado el conflicto con armas y dinero.
Según la investigación fiscal, un colaborador eficaz habría vinculado a Baca con los hechos ocurridos entre 2020 y 2022 en concesiones de Intigold Mining; sin embargo, su defensa cuestiona que esta versión no estaría respaldada con evidencia objetiva.
Baca fue incluido como presunto financista del conflicto. No existen pruebas sobre la cantidad, el origen o el destino de esos fondos, ni sobre a quién se habría entregado dinero para el enfrentamiento. Tampoco hay evidencia de transferencias, comunicaciones o coordinación entre Baca y los presuntos autores materiales.
Sin embargo, en palabras del propio Baca: “Yo no he estado nunca en el lugar de los hechos. Yo pienso que eso se tiene que aclarar. No será de repente hoy día, pero con el tiempo tiene que aclararse tal cual como vienen las cosas”.
Según su versión, el día de la masacre, se encontraba en Arequipa para el nacimiento de su hijo. Esto estaría corroborado con registros y testimonios recogidos durante el proceso.Asimismo, advierten que, durante las audiencias, testigos protegidos no habrían logrado identificarlo, lo que debilitaría la tesis fiscal.
“No lo puedo mencionar porque no lo conozco”, habría señalado uno de ellos, según la defensa, que además asegura que los fondos incautados cuentan con respaldo de peritajes contables que acreditarían su origen lícito.
“Nunca he visto que una persona que se le haya encontrado dinero se le abra investigación por lavado de activos, pese a que ha presentado tres peritajes contables para acreditar la preexistencia del dinero”, sostuvo el abogado de Baca, Giuliano Delgado.
Asimismo, indican que el expediente del Ministerio Público presenta irregularidades, como la presencia de una supuesta cuarta arma que, según la defensa, nunca fue encontrada ni consignada en actas.
“Reitero, yo en mi posición de órgano de gestión administrativo no conozco esos detalles. Y peor aún, no podría decir si la decisión del juez es la correcta”, habría declarado el presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, tras ser consultado sobre dicha arma en el acta policial.
La defensa también añade que, durante el proceso, se allanó por error la vivienda de otro sujeto homónimo en Lima.
Pese a estos cuestionamientos, el empresario se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva acusado de lavado de activos, mientras el proceso continúa en el Poder Judicial sin sentencia definitiva.
El caso, aún en investigación, mantiene abiertas las interrogantes sobre si se está logrando identificar a los verdaderos responsables o si, como denuncia la defensa, se estaría procesando a personas sin pruebas concluyentes, debido a una presunta manipulación en el sistema judicial.
Sin pruebas claras, la Fiscalía acusa a mineros formales
El día de los hechos, Baca se encontraba en Arequipa por el nacimiento de su hijo, según registros independientes y testimonios recogidos en el proceso.
A pesar de ello, fue detenido, procesado por lavado de activos y sometido a prisión preventiva, en un expediente con irregularidades: se incluyó una supuesta cuarta arma nunca encontrada ni consignada en actas, y se allanó por error la vivienda de un homónimo en Lima.
La defensa de Baca, encabezada por el abogado Giuliano Delgado, sostiene que los fondos incautados estaban justificados por peritajes contables y tenían destino comercial legítimo.
“Nunca he visto que una persona que se le haya encontrado dinero se le abra investigación por lavado de activos, pese a que ha presentado tres peritajes contables para acreditar la preexistencia del dinero”, afirma Delgado.
Testigos protegidos no logran identificar al empresario procesado
Panorama también documenta presunta manipulación de testigos y coordinación entre la fiscalía y algunos jueces para mantener a Baca en el proceso, a pesar de que los propios testigos protegidos no logran identificarlo ni ubicarlo en el lugar de los hechos.
Durante una audiencia, un fiscal preguntó a un testigo protegido si podía identificar a Baca, a lo que el testigo respondió: “No, no lo puedo mencionar porque no lo conozco”.
El presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Azcárraga, consultado sobre la inclusión de una supuesta cuarta arma que no figura en el acta, declaró: “Reitero, yo en mi posición de órgano de gestión administrativo no conozco esos detalles. Y peor aún, no podría decir si la decisión del juez es la correcta”.
El proceso judicial avanza entre versiones cruzadas y falta de evidencias
Actualmente, 39 personas siguen acusadas y el proceso judicial no ha concluido. El expediente incluye tanto a mineros formales como a investigados por minería ilegal, en un contexto marcado por violencia y conflictos en la zona.
Panorama documenta que las investigaciones continúan y que las decisiones judiciales se toman en un entorno complejo, donde se requiere claridad sobre la situación legal de cada acusado y una revisión detallada de las pruebas presentadas.