Por integrar supuesta organización criminal
La juramentación del nuevo Fiscal de la Nación, representaría un giro favorable para la congresista y candidata al Senado, Rosío Torres Salinas, quien ha logrado sortear una investigación fiscal en su contra en medio de cuestionamientos sobre presuntas redes de influencia dentro del Ministerio Público.
De acuerdo con información revisada, la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) habría resultado beneficiada tras la consolidación de vínculos entre la defensa legal de su esposo Fernando Meléndez Celis —a cargo del abogado Mateo Castañeda Segovia— y altos funcionarios del Ministerio Público, lo que coincidió con la paralización de actos de investigación en su contra.
Tropiezos en la indagación
Torres Salinas fue comprendida en la denuncia presentada y que se sigue en la Carpeta Fiscal N° 86-2025, a cargo del fiscal provincial Eduardo Castañeda Garay, de la Fiscalía de Crimen Organizado (FECOR). La investigación se inició tras la difusión periodística sobre la existencia de una presunta red conformada por familiares, trabajadores de su despacho congresal y allegados, quienes habrían participado en la transferencia de inmuebles valorizados en millones de soles.
Las propiedades, ubicadas en ciudades como Iquitos, Yurimaguas, Moyobamba, Tarapoto y Lima, han sido transferidas a precios subvaluados, lo que levantó sospechas sobre posibles operaciones de lavado de activos y uso de testaferros.
El expediente fue remitido el 27 de junio de 2025 por el ciudadano Manuel Córdova, lo que motivó la apertura de diligencias preliminares. Entre los investigados figuran Fernando Meléndez Celis —esposo de la congresista y señalado como presunto líder de la organización—, así como trabajadores y familiares cercanos: Jesús Sierra Tapia, Samuel Navarro Chichipe, Pitín Pérez Salinas, Flor Ruiz López, Neri Salinas Dávila, Hayda Torres Salinas, Herbert Torres Salinas, Abigail García Díaz, Christian García Díaz, Cirilo Torres Pinchi y Juan Daniel Pérez Guerra.
Como parte de las diligencias, el fiscal Castañeda Garay dispuso que la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCO), adscrita a la DIRINCRI, ejecute los actos de investigación en un plazo de 120 días, bajo supervisión de la comandante PNP Ketty Vela Saldaña.
Decisión clave
Debido a que los hechos investigados involucraban presuntos delitos de corrupción de funcionarios, y considerando que Torres Salinas ya registraba dos carpetas fiscales con denuncias constitucionales, el fiscal provincial remitió el caso al despacho del fiscal de la Nación para su eventual acumulación.
Sin embargo, el entonces fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, resolvió el 7 de octubre de 2025 no iniciar investigación preliminar contra la congresista por los presuntos delitos de colusión agravada, peculado doloso, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles. La decisión concluyó con el archivo del caso en su Despacho.
En su resolución, Gálvez argumentó que el “principio de imputación necesaria” exige que la persona investigada conozca con claridad los hechos que se le atribuyen, incluyendo el relato detallado y su presunta participación delictiva.
Asimismo, sostuvo que la presunta organización criminal habría operado desde el año 2014 y que no existían elementos que acreditaran que su funcionamiento hubiera sido promovido o facilitado por la congresista.
No obstante, la resolución presenta inconsistencias relevantes. Según la resolución emitida por Gálvez se alteró el periodo de los hechos investigados —de 2024 a 2014—, lo que habría descontextualizado la información y debilitado la línea de investigación. Además, se habría excluido a los trabajadores del despacho congresal de Torres Salinas inicialmente considerados en la pesquisa.
A ello se suman irregularidades en las diligencias policiales. La DIVINCO que citó a los periodistas Carlos Neyra y Ronal Aparicio, autores de los reportajes difundidos en Willax TV. Sin embargo, Aparicio no pudo declarar, ya que —según se le informó verbalmente— existió un error en la fecha de su citación, la cual no fue reprogramada y se prescindió de la declaración de Neyra. En la Carpeta fiscal se aprecia que la policía no ha realizado ningún acto de corroboración presentado por el denunciante.
Otro elemento que refuerza las dudas sobre la imparcialidad del proceso es la relación entre el abogado defensor Mateo Castañeda Segovia y el fiscal a cargo de la investigación. Registros de la Junta Nacional de Justicia indican que Castañeda Segovia se desempeñó como fiscal coordinador en la FECOR y fue superior jerárquico del fiscal Eduardo Castañeda Garay por varios años.
Además, quedó registrado el respaldo otorgado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera —con quien conforma la directiva junto a Castañeda de la Asociación de Fiscales por la Defensa de la Legalidad con Valores y Principios— ante los cuestionamientos de la JNJ durante su proceso de ratificación por su exigua producción como fiscal provincial.
Este vínculo plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés en un caso que involucra a una figura política en ejercicio y a su entorno más cercano.