Un helicóptero policial siniestrado en la Amazonía, valorizado en más de $25 millones, habría sido hallado oculto en un depósito en Chorrillos. La investigación destapa una compleja trama que involucra a altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), empresas sin autorización para realizar estos trabajos y un presunto conflicto de intereses en un millonario contrato con la empresa aseguradora.
Policías descubrieron un helicóptero escondido en el patio de un taller ubicado en La Campiña, distrito de Chorrillos, donde opera la empresa AeroCentro Perú S.A.C. (AeroCentro). Coincidentemente esta firma ha sido seleccionada por el Jefe de la Aviación Policial (Diravpol) Víctor Ascue como la facilitadora para reparar la aeronave, modelo MI-171-Sh Hip H identificada con matrícula PNP-512, que se siniestró en un operativo contra la minería ilegal en la región Amazonas.
La sorpresa fue mayúscula de los agentes policiales al enterarse que el predio donde se realizó el hallazgo pertenece al perito ajustador Alex Rojas Bozovich, quien realizó la inspección técnica del helicóptero PNP-512 por encargo de Seguros Rímac. Rojas recomendó al general Ascue que el facilitador del trabajo de reparación sea AeroCentro, que no tiene taller de mantenimiento autorizado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para realizar el servicio de overhaul por no contar con autorización del fabricante y diseñador ruso que tan solo ha certificado a las estatales peruanas SEMAN-FAP y CEMAE-EP.
El hilo de la madeja
La aeronave fue descubierta en el contexto de otra investigación. Los policías verificaban el destino final del desmonte vertido por camiones que ingresaban irregularmente a la Unidad Académica de la Policía Montada, ubicada a solo dos cuadras del depósito donde encontraron la aeronave de propiedad de la PNP la cual debería estar en las instalaciones de la Diravpol en su sede del Callao.
Esta investigación inicial destapó un presunto acto de corrupción que compromete directamente al general Carlos Valer, actual director de Educación y Doctrina de la PNP, y a otros agentes. Ellos están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur por el cobro irregular de S/ 200 por cada volquete que ingresaba a descargar en la unidad policial.
La Fiscalía comenzó esta indagación luego de que se conociera que, en 2024, el general Valer y el comandante Aníbal Torres retuvieron de forma irregular un expediente clave de la Dirección de Lavado de Activos (DIRILA).
Dicho expediente seguía una mega investigación contra un grupo de generales de la FAP y EP, y la empresa Helicentro Perú S.A.C. (Helicentro) de propiedad de Juan Castro Ventosilla y su socio colombiano Orlando Cabezas propietario también de la empresa Helistar, quien, Castro a su vez, es el propietario de AeroCentro, la empresa donde fue hallado el helicóptero.
Esta situación revela un grave conflicto de interés que vincula a altos mandos policiales con el empresario investigado, con las funciones del perito y ajustador y la compañía aseguradora.
La parálisis de la justicia
Dos informes elaborados entre febrero y agosto por el equipo de Contrainteligencia de la PNP documentaron las irregularidades. Pese a la evidencia, la Fiscalía de Lima Sur envió la carpeta a la Dirección contra la Corrupción de la PNP, cuyo expediente recayó en el suboficial Jhonatan Torres Arias que ha paralizado las investigaciones.
Las indagaciones de los agentes de Contrainteligencia revelaron vínculos entre el bróker de seguros Ian Ford y el perito-ajustador Alex Rojas Bozovich, encargado de elaborar el informe sobre el helicóptero PNP-512, el cual cuenta con una póliza de Seguros Rímac.
Además, la información recabada por la PNP detalla la presunta intermediación irregular de Helicentro, una empresa que no cuenta con la autorización de la DGAC ni la del fabricante y diseñador ruso para la reparación de aeronaves como el MI-171-Sh más aun para este caso donde se requiere obligatoriamente boletines técnicos de fábrica para los trabajos de reparación.
Helistar y los socios investigados
Los agentes de inteligencia lograron identificar a Walter Campos Pasache y al comandante Eduardo Salas Valdivia como los facilitadores que permitían el acceso de los volquetes a la sede policial, actuando en complicidad con el capitán Lucio Chávez Alarcón y los suboficiales Doris Mitma Quinto y Carlos Márquez Simeón.
El seguimiento a Campos reveló otra conexión crucial. El 21 de agosto, Campos fue visto conduciendo una camioneta Toyota de placa B1M-382, propiedad de A&S Aviación Pacific S.A.C. (Helistar) cuyo propietario es el colombiano Orlando Cabezas, socio de Juan Castro Ventosilla (dueño de Helicentro y AeroCentro). Ambos, Cabezas y Castro, están siendo investigados por el fiscal Lizandro Pantoja de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos.
Cabezas lidera el grupo A&S Aviation Pacific S.A.C. contratista de Ecopetrol que viene siendo investigada por la Inspectoría de la Fuerza Aérea de Perú por el desvío de fondos efectuados durante al menos seis años que terminaron en las cuentas bancarias de la compañía privada Fast Business E.I.R.L. cuando debieron ser depositadas en la cuenta de la FAP.
Finalmente, es importante precisar que la aeronave siniestrada está valorizada en $ 25 millones, por ese motivo el jefe de mantenimiento de la Diravpol precisó que la empresa que se adjudique el servicio deberá contar con experiencia comprobada y taller de mantenimiento autorizado. Nada de eso varió la decisión de Seguros Rímac y Ascue quienes aceptaron el presupuesto de $ 14 millones presentado por el facilitador Aerocentro para reparar el helicóptero PNP-512 siniestrado en Amazonas, entregado de adelanto $ 3.5 millones.