La fachada pública de indignación frente a la violencia de género contrasta fuertemente con los hechos denunciados al interior del Palacio Municipal del Rímac. Hace apenas unos días, el alcalde Néstor de la Rosa acaparaba titulares al encabezar caravanas y vigilias en protesta por las agresiones hacia la mujer, motivado de cerca por un caso familiar que afectó a su hija y postulante al sillón municipal. Sin embargo, tras la aparente defensa de los derechos femeninos y lejos de los reflectores, se gestó un episodio que expone el reverso de su gestión.
La regidora Julissa Belveder Torres fue víctima de agresiones verbales e insultos con palabras de alto calibre por parte del burgomaestre. El motivo de la confrontación no fue menor: Belveder exigió explicaciones ante la crítica situación que atraviesan los trabajadores de la comuna, quienes acumulan tres meses sin percibir sus remuneraciones.
En su rol de fiscalización —función primordial conferida a los regidores municipales—, la autoridad edil cuestionó el destino de los recursos económicos, señalando directamente los millonarios gastos ejecutados en la campaña política para la candidatura de la hija del alcalde. Al alzar la voz en defensa de los empleados afectados, la regidora no imaginó que la respuesta institucional sería la diatriba y el insulto directo de la máxima autoridad del distrito.
Este episodio deja en evidencia la profunda brecha entre el discurso oficial promovido ante los medios de comunicación y la realidad cotidiana del trato hacia los funcionarios fiscalizadores que cuestionan las prioridades presupuestales del municipio rimense.