Pese a haber prometido dos décadas de preparación para gobernar, gobierno fujimorista muestra indolencia y falta de reflejos ante la inflación, el alza de pasajes y el desabastecimiento en la Amazonía.
El constante incremento de los insumos energéticos impulsado por la pasividad estatal encarece la canasta básica familiar tanto en regiones como en la capital.
Ministerio Público y Poder Judicial prefieren criminalizar la protesta y dictar 9 meses de prisión preventiva contra dirigentes sociales en lugar de atender las demandas del pueblo.
La región Loreto se ha convertido en el epicentro del descontento social luego de que transportistas, choferes de mototaxis, unidades fluviales y la Confederación General de Trabajadores del Perú iniciaran un paro generalizado de 48 horas en la ciudad de Iquitos debido al imparable aumento en los precios de los combustibles. Las principales vías urbanas y ejes de interconexión terrestre amanecieron bloqueados, paralizando las actividades comerciales y de transporte urbano en protesta por el impacto directo de este encarecimiento en la economía de las familias.
Pese a que la jefa de Estado sostuvo durante años estar preparada para conducir los destinos del país, su administración demuestra una severa incapacidad para implementar mecanismos de mitigación, contención de precios o reactivación efectiva del subsidio estatal a través de Petroperú, dejando que el costo de la crisis energética recaiga enteramente sobre los hombros del pueblo.
DESCONTENTO EN LA AMAZONÍA E INACCIÓN EN EL EJECUTIVO
La paralización en la selva peruana refleja el agotamiento de los sectores productivos y de transporte ante el encarecimiento de insumos básicos como el diésel y la gasolina, esenciales para el traslado terrestre y fluvial en la Amazonía. En la ciudad de Iquitos, la jornada de lucha incluye demandas adicionales como la atención urgente a los sistemáticos cortes en el suministro de energía eléctrica y el cese de actividades de minería ilegal en la cuenca. La población denuncia que la subida del combustible ha generado un efecto dominó que dispara el precio del pasaje urbano y de la canasta básica familiar, un fenómeno inflacionario que ya no solo asfixia a las provincias orientales, sino que empieza a sentirse con severidad en los mercados de Lima y de la costa peruana.
Frente al avance de las movilizaciones y los primeros roces con la Policía Nacional en los puntos de bloqueo, la respuesta del Poder Ejecutivo ha sido meramente burocrática y distante. Aunque representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvieron contactos preliminares por vía remota, los dirigentes de la CGTP y de los gremios de transportistas han rechazado las mecánicas dilatorias y exigen la presencia inmediata de una comitiva ministerial con capacidad de decisión en la zona. La falta de reflejos de la mandataria Keiko Fujimori ante una crisis anunciada contrapone sus discursos de eficiencia con la realidad de un gobierno paralizado, incapaz de utilizar los instrumentos de la empresa estatal Petroperú o los fondos de estabilización para proteger el mercado interno.
EL COSTO SOCIAL DEL ENCARECIMIENTO Y LA PASIVIDAD OFICIAL
La incapacidad para intervenir en el mercado de carburantes demuestra la orientación política de un Ejecutivo subordinado a los intereses de las grandes distribuidoras financieras, reacio a regular los márgenes de ganancia en momentos de contingencia social. Mientras el combustible sigue aumentando en grifos y puertos, los conductores y pequeñas unidades de transporte ven recortados sus ingresos diarios, viéndose obligados a subir las tarifas de traslado o suspender sus operaciones. Esta situación ahonda el empobrecimiento de la clase trabajadora en regiones vulnerables donde el costo de vida ya es elevado debido a la geografía y a la logística de transporte. En lugar de disponer medidas económico-sociales concretas como un subsidio directo focalizado o la estabilización de los precios mayoristas mediante la refinería estatal, el Ejecutivo opta por el desgaste de la protesta.
La paralización en Loreto amenaza con expandirse a otras zonas de la Amazonía como Ucayali y regiones del sur del país, configurando un escenario de conflicto social disperso que evidencia la ausencia de un plan gubernamental para contener la escalada inflacionaria y garantizar el abastecimiento a precios razonables.
DATO: LA TENSIÓN SOCIAL por la subida de los combustibles y las protestas ciudadanas ha escalado hasta el Poder Legislativo, donde se plantea la moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Huamaní. El pliego interpelatorio consta de 57 preguntas enfocadas en esclarecer la falta de políticas energéticas, la paralización de medidas de compensación para los transportistas y la inacción del gobierno para reactivar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) o aplicar un subsidio temporal que detenga el impacto inflacionario en la economía popular.
Autoritarismo como respuesta a la protesta
Frente al justo reclamo de los pueblos y trabajadores que salen a las calles a defender el pan de sus familias, la respuesta del aparato estatal empieza a mostrar sus rasgos más oscuros y represivos. La pronta activación de querellas, la criminalización de la protesta social y las amenazas de prisión preventiva formuladas contra dirigentes gremiales que encabezan las jornadas de lucha en la selva confirman que el Ejecutivo prefiere gobernar mediante el miedo y la coerción antes que mediante la política social y el diálogo. Cuando un gobierno recurre a la persecución penal y a la fuerza pública contra quienes protestan por el alza del costo de vida, la democracia se convierte en una cáscara vacía y da paso a un régimen autoritario que castiga la miseria e impone la estabilidad del gran capital a costa del sufrimiento popular.