Ejecutivos de Sonda del Perú S.A. se reunieron con el presidente de la ATU David Hernández para negociar la venta de las 8000 cámaras de videovigilancia para el servicio de transporte urbano de pasajeros.
Un hecho ha rebasado todo límite de tolerancia en el sindicato de trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): el hallazgo de que el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández Salazar, habría iniciado negociaciones directas con los altos ejecutivos de la compañía de capitales chilenos Sonda del Perú S.A. El objetivo: adjudicarle la compra de 8000 cámaras de videovigilancia por un valor de S/ 112 millones.
Según el registro oficial de visitas de la ATU, el miércoles 1 de julio, Hernández sostuvo un encuentro de una hora con Rosario Inés Ramos Guzmán, Javier José Gómez Gonzales y José Luis Núñez Cartolín, principales ejecutivos de Sonda. En dicha reunión, la comitiva expuso las bondades técnicas de los equipos que pretende adquirir el Estado.
Sin embargo, las conexiones entre la proveedora y la entidad gubernamental venían tejiéndose desde meses atrás. El 8 de abril de 2026, otros dos representantes de la firma —Alessandro Pacora Felipe y Jorge Luis Leonardo Torres— ingresaron a la sede de la ATU para reunirse con Enrique Guillermo Llanos Guillén, subdirector de Integración y Gestión Tecnológica. Llanos es, precisamente, el funcionario responsable de emitir la opinión técnica vinculante para la instalación de las cámaras en los buses de transporte público de Lima y el Callao.
El antecedente electoral y las pesquisas fiscales
La controversia cobra mayor gravedad al revisar el historial reciente de la empresa. Sonda del Perú S.A. fue la proveedora encargada de dotar los equipos informáticos y el software utilizados en el conteo de votos de las elecciones presidenciales del pasado 12 de abril. Aquella jornada dejó al descubierto severas vulnerabilidades en el sistema y fallas en la integridad del escrutinio.
Tras el escándalo institucional, el 21 de abril dimitió el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La falta de impresoras, los colapsos de conectividad con la central de cómputo y las deficiencias técnicas en la instalación de las mesas sumieron el proceso en un caos que hoy es materia de investigación en el Ministerio Público.
Meses antes, el 3 de febrero, el ente electoral le había otorgado al Consorcio Administrador de Procesos Electorales CSA —liderado por Sonda— el suministro informático por un monto de S/ 144’306.000. Curiosamente, la información contractual desapareció posteriormente del sistema del Organismo Especializado de Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
Acosada por las críticas, Sonda emitió un comunicado el 15 de abril admitiendo su participación: “El 2 de noviembre de 2025, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), adjudicó al consorcio “Procesos Electorales CSA” [del cual es parte] el servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática de sus Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPEs) a nivel nacional”.
A pesar del precedente, la historia volvió a repetirse. La ONPE ha vuelto a otorgar al mismo consorcio —integrado por Sonda del Perú S.A., AI Inversiones Palo Alto II S.A.C. y Alfil Consultoría & Comunicaciones S.A.C.— la responsabilidad de procesar los sufragios de los comicios regionales y municipales del próximo 4 de octubre, mediante un contrato de S/ 115 millones.
La indignación de los agremiados del MTC radica en que la misma empresa señalada por el colapso del sistema electoral sea hoy la virtual favorecida para controlar la seguridad tecnológica del transporte urbano en la capital.
Dirigentes sindicales señalan una presunta red de influencias en la alta dirección de la ATU: “David Hernández trabajó en la Municipalidad de Lima y llegó junto a Luis Pineda Salcedo [actual director de Fiscalización y Sanción]. A Pineda siempre lo colocan en los comités de selección para direccionar las licitaciones, en presunta complicidad con Elvitha Marca Yacub, exasistente administrativa promovida a directora de Asuntos Medioambientales. Ellos tres toman las decisiones internas porque cuentan con el respaldo político de Rafael López Aliaga y del exministro Raúl Pérez-Reyes, quien representa la cuota fujimorista que sostiene a Hernández. El verdadero trasfondo son las contrataciones millonarias para las Líneas 3 y 4 del Metro”.
La sombra del ‘Chifagate’
El proyecto de las cámaras arrastra un historial sombrío. El 26 de diciembre de 2025, la reunión no declarada en un restaurante oriental entre el entonces presidente encargado José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang destapó los primeros indicios de irregularidades en la adquisición de los 8000 dispositivos y los intentos por exonerarlos del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Paralelamente, desde el Congreso se impulsaban normas a medida. El parlamentario Víctor Flores, de Fuerza Popular, presentó el Proyecto de Ley 13645/2025-CR para liberar del IGV la importación de estos equipos. Una iniciativa similar ya había sido ingresada en mayo de 2025 por la bancada de Renovación Popular bajo el argumento del fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Por estos hechos, el propio titular de la ATU, David Hernández, fue citado a declarar como testigo ante la Fiscalía, tras ser mencionado por otros investigados por presuntamente alterar los plazos del proyecto de provisión tecnológica. Aunque Hernández ha rechazado públicamente cualquier favorecimiento o anomalía en el proceso, la confluencia de visitas fuera de agenda, antecedentes de fallas operativas y beneficios normativos mantienen bajo sospecha un negocio millonario financiado con fondos públicos.
Finalmente se conoció queDavid Hernández viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio (coima), negociación incompatible y abuso de autoridad.