Por: Unidad de Investigación diario UNO
La bruma de la madrugada aún cubría los cerros de Jicamarca cuando el cerco policial se cerró de golpe. No era un operativo cualquiera. Detrás de las puertas tapiadas y los búnkeres improvisados caía una de las organizaciones criminales más temidas de Lima este: Los Injertos del Tren.
Al frente de la red, según la hipótesis fiscal, operaba Martín Cárdenas Morales, alias ‘Martín’. Tras el allanamiento al domicilio del cabecilla, se incautaton diversos elementos que permitiran corroborar los delitos cometidos.
Sin embargo, un día después del operativo, la fuente humana que colabora con las investigaciones entregó una imagen tomada a pocos metros del poder local, en el frontis de la propia Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
En ella aparece el alcalde Jesús Maldonado sonriendo junto al cabecilla, al hijo de este y a una exempleada municipal que, curiosamente, fue contratada por dicho municipio.
El hallazgo de la fotografía ha encendido las alarmas en el equipo especial de la Policía Nacional.
Según fuentes a cargo de la investigación, la instantánea —registrada en el frontis de la sede edil— activó las alertas sobre un presunto vínculo que ahora la justicia busca esclarecer.
Por ese motivo, el burgomaestre podría ser citado a deslindar responsabilidades sobre esta cercanía captada por el lente y sobre las conexiones institucionales que la sombra del crimen organizado parecía tejer bajo la superficie del distrito más poblado del país.
- La ruta del dinero y los lazos en la sombra
Los sabuesos policiales no tardaron en escarbar en los registros de las entidades públicas tras el golpe en Jicamarca.
Al revisar el portal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), la sorpresa institucional fue mayúscula. Ana Natividad Silva, hermana de parte de madre de Ángel Cárdenas —hijo del líder criminal y también detenido—, figura con ocho órdenes de servicio emitidas durante el año 2023 durante la gestión de Maldonado.
Los contratos sumaron un total de 18.500 soles, destinados a la contratación de personal administrativo en la Subgerencia de Programas Sociales y Lucha contra la Pobreza del municipio de San Juan de Lurigancho (SJL).
La coincidencia administrativa se cruza peligrosamente con un dato no menor revelado por este Diario: por disposición de la actual gestión del burgomaestre, la comuna se había negado previamente a transparentar y publicar en el portal del OECE las órdenes de servicio giradas desde el año 2023, año en que Maldonado asumió las riendas del distrito.
- Terror sobre Ruedas: La maquinaria de la extorsión
Durante seis meses, las pesquisas se sumergieron en el submundo del terror urbano. Con el apoyo logístico e inteligencia de la policía estadounidense, los agentes lograron desentrañar el modus operandi de Los Injertos del Tren.
La red no conocía de treguas: tenía en la mira a los directivos de conocidas empresas de transporte público como Santa Catalina, ETULSA, Pegaso y La 50.
A los empresarios y choferes les exigían cupos mensuales de 10.000 soles a cambio de una supuesta “seguridad” que ellos mismos se encargaban de quebrantar a balazos.
La violencia no era una advertencia abstracta; el hampa atentó sistemáticamente contra la vida de varios conductores y cobradores que se negaban a someterse a la extorsión.
Para amedrentar, ‘Martín’ jugaba a camuflarse bajo el nombre de múltiples facciones criminales. Incluso, en un despliegue de impunidad, se atrevió a contactar directamente al gerente de una firma de transportes para ofrecerle sus “oficios” e interceder en la recuperación de un terreno utilizado como cochera.
La modalidad era tan implacable como digital: mensajes amenazantes, exigencias de depósitos millonarios en cuentas bancarias de terceros y el trasvase rápido del dinero a través de billeteras móviles como Yape y Plin.
- Un golpe nacional y la tragedia del volante
El operativo que desarticuló a la organización no dejó flancos sueltos. Ejecutado bajo una orden judicial de allanamiento y detención preliminar solicitada por la fiscalía de turno, movilizó a agentes del orden de manera simultánea en San Juan de Lurigancho, San Antonio de Huarochirí, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Santa Anita y el Callao, extendiendo sus tentáculos hasta los distantes departamentos de Cusco y Ucayali. Incluso, las celdas del penal Miguel Castro Castro y las oficinas administrativas de una empresa de transporte terrestre fueron allanadas.
La red cayó como un castillo de naipes. Once integrantes fueron capturados: Martín Cárdenas Morales, Ángel Cárdenas Silva, David Alejandro Espinoza Ruiz, Raysibeth Ferrer Blanco, Santiago Callupe Rosas, Yajaira Fairus Hurtado Quecaño, Joselito Guevara Abanto, Dayron Pashanaste Samanez, Manuel Roque Quispe, Sheyla Huamán Huamán y Johnny Patilla.
Junto a esta última fue intervenido el ciudadano venezolano Jorge Gerardo Quintero Hurtado, quien contaba con una requisitoria vigente por el delito de extorsión. La cosecha policial incluyó la incautación de 14 celulares, dos tablets, ocho tarjetas de débito, un vehículo, un dispositivo USB y sustancias ilícitas.
Detrás de este operativo late una estadística sombría que retrata la tragedia limeña. De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, entre los años 2023 y 2026 se contabilizaron 369 asesinatos perpetrados por sicarios en el contexto de esta crisis de inseguridad. La cifra duele y estremece: de ese universo trágico, el 90% de las víctimas fueron trabajadores y conductores del transporte público.
El Dato
Hoy, mientras las investigaciones continúan su curso y el alcalde Maldonado se prepara para responder ante la justicia, el distrito de San Juan de Lurigancho asiste al desmoronamiento de una estructura criminal que, al parecer, no solo operaba en las pistas de la extorsión, sino peligrosamente cerca de los despachos del poder local. Según la policia, organización habría financiado a partidos políticos en el distrito.