Las llamadas, mensajes y amenazas extorsivas se han convertido en una de las principales preocupaciones para comerciantes, emprendedores y ciudadanos en el Perú. Frente a esta situación, actuar por impulso o acceder a las exigencias de los delincuentes puede perjudicar tanto la seguridad de la víctima como el desarrollo de una eventual investigación penal.
El abogado penalista Roberto Prado, del estudio de abogados Senisse, explica cuáles son las primeras acciones que deberían adoptarse al recibir una amenaza de extorsión y por qué preservar las pruebas resulta determinante para identificar a los responsables.
No elimines los mensajes ni alteres las pruebas
La reacción más común de una víctima es borrar mensajes, audios o conversaciones para dejar de ver el contenido amenazante. Sin embargo, Prado advierte que esta decisión puede convertirse en uno de los principales obstáculos para la investigación.
«Los mensajes de texto, conversaciones de aplicaciones de mensajería, audios o fotografías pueden ser analizados posteriormente por especialistas del Ministerio Público o de la Policía Nacional. Alterarlos o eliminarlos puede hacer perder información valiosa para identificar a los responsables», explica.
Por ello, recomienda conservar íntegramente todas las comunicaciones recibidas y evitar cualquier modificación que afecte su autenticidad.
Si es posible, registra las llamadas
Cuando la amenaza se produce mediante una llamada telefónica, el abogado señala que grabar la conversación puede aportar un elemento probatorio importante.
Prado recuerda que, conforme a la jurisprudencia peruana, grabar una conversación en la que uno mismo participa no constituye una prueba ilícita, por lo que estos registros pueden ser utilizados durante la investigación penal.
«Si no se logró registrar la primera llamada, es recomendable hacerlo con las siguientes, siempre que la víctima participe directamente en la conversación», precisa.
Identifica las cuentas bancarias utilizadas
Otro dato que puede resultar clave es la información sobre las cuentas bancarias proporcionadas por los extorsionadores para exigir el pago del denominado «cupo».
Según Prado, estos datos permiten a las autoridades seguir el rastro del dinero e incluso identificar a intermediarios que participan en la organización criminal.
«Aportar esa información desde el inicio facilita el trabajo de la Fiscalía y puede contribuir a reconstruir el recorrido del dinero hasta llegar a los responsables», sostiene.
Denuncia cuanto antes
El especialista recomienda no esperar a que las amenazas aumenten para acudir a las autoridades.
Entre las alternativas disponibles menciona la Línea 111, administrada por la Dirección de Investigación de Secuestros y Extorsiones (DIVISE), acudir directamente a dicha unidad especializada o presentar la denuncia ante el Ministerio Público.
En cualquiera de los casos, aconseja entregar todas las evidencias disponibles desde el primer momento para facilitar las diligencias de investigación.
Existen mecanismos para proteger a las víctimas
Uno de los factores que más desalienta las denuncias es el temor a represalias. No obstante, Prado recuerda que la legislación peruana contempla mecanismos de protección para las víctimas y testigos.
Entre ellos se encuentran la reserva de identidad, cuando las circunstancias del caso lo justifican, y el acompañamiento brindado por la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT), que busca brindar apoyo durante el desarrollo del proceso penal.
El acompañamiento legal puede marcar la diferencia
Para el abogado, contar con asesoría especializada desde las primeras etapas permite evitar errores que comprometan la investigación. Un abogado penalista puede orientar sobre la correcta preservación de las pruebas, colaborar en la redacción de la denuncia y realizar el seguimiento de las diligencias para solicitar actuaciones que fortalezcan el caso.
El estudio Senisse Abogados cuenta con un equipo especializado en derecho penal para brindar asesoría estratégica y acompañar a la víctima durante todo el proceso con un enfoque técnico, oportuno y personalizado. La firma legal dispone de abogados para el crimen organizado que contribuyen a la defensa efectiva y conforme a ley.