Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público se debate en Comisión de Constitución
Como desde hace un buen tiempo, el Ministerio Público pretende que toda la investigación en un caso vinculado al crimen organizado les corresponda solo a los fiscales, dejando de lado las pericias oportunas que realizan los agentes especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Así de desliza del Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público que se analiza en la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento nacional y el cual incluye una disposición que permitiría a los fiscales participar en labores de inteligencia, una función que actualmente corresponde de manera exclusiva a la PNP.
El punto crítico se encuentra en el artículo 8, numeral 10 del proyecto, que plantea que el Ministerio Público pueda “participar en el diseño y ejecución de los planes y estrategias de inteligencia vinculados a la prevención y represión del delito”.
De acuerdo con la Ley de la Policía Nacional del Perú, esta institución tiene la función de “administrar el sistema de inteligencia policial” (artículo 2, numeral 17), lo que incluye la planificación, ejecución y conducción de estrategias de inteligencia orientadas a prevenir y combatir la delincuencia.
A ello se suma el marco constitucional. El artículo 166 de la Constitución establece que la PNP es la encargada de prevenir, investigar y combatir la delincuencia, funciones que comprenden necesariamente el desarrollo de actividades de inteligencia.
La referida comisión congresal sesionó ayer y tuvo como invitados a representantes de todas instituciones involucradas: el Ministerio del Interior, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
Fue el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien defendió el Proyecto de Ley Orgánica de su institución, que dejaría por los suelos la participación operativa de los especialistas de la PNP en la investigación criminal, sin atender la preocupación de una superposición de funciones que podría afectar la operatividad del sistema de seguridad.
Ante ello, el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola, advirtió que esta propuesta supone restarle la fuerza que significa la presencia de la PNP en la investigación contra el crimen organizado, y debilitar su rol va contra la correcta administración de justicia.
Aprobar este proyecto, como está, implicaría, en la práctica, la creación de un “aparato de inteligencia paralelo”, sin claridad en la cadena de mando ni en los mecanismos de control, lo que podría debilitar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado.
Además, la medida colisiona con la interpretación desarrollada por el Tribunal Constitucional en la sentencia n.° 150/2025, que establece un equilibrio claro: el Ministerio Público ejerce la conducción jurídica de la investigación, mientras que la Policía Nacional mantiene la conducción operativa, especialmente en la etapa preliminar.