El último jueves 26, el Gobierno designó a Roger Arévalo Ramírez nuevo presidente del directorio de Petroperú en reemplazo de Edgar Zamalloa Gallegos. Sin embargo, de acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, fue denunciado en septiembre de 2019 en la comisaría de San Isidro por una trabajadora de 20 años de su oficina privada.
Así como otros altos funcionarios de confianza del actual gobierno, el presidente ejecutivo de Petróleos del Perú (Petroperú), Roger Arévalo Ramírez, tiene delicadas denuncias penales. Una es por presunto acoso sexual a una joven.
En medio de la crisis financiera que atraviesa, la empresa estatal Petroperú tiene un nuevo presidente del directorio, Roger Arévalo Ramírez. Su reciente designación, sin embargo, ha desatado una ola de cuestionamientos debido a sus antecedentes judiciales y sus nexos con personajes investigados por presunta corrupción.
Una investigación del programa Cuarto poder dio cuenta de que el economista Arévalo fue denunciado por presunto acoso sexual en septiembre de 2019 por una joven de 20 años en la Comisaría de San Isidro.
Según el parte policial, la joven indicó que no reportó los hechos de inmediato por temor, además de experimentar un estado constante de nerviosismo. En el documento se precisa que las conductas denunciadas no habrían sido aisladas, sino reiteradas en el tiempo. La denunciante sostuvo que fue objeto de tocamientos, abrazos y besos sin consentimiento en reiteradas ocasiones dentro del entorno laboral.
El caso se encuentra en investigación en la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, donde se evalúa la presunta comisión del delito de acoso sexual y se encuentra en estado de «denuncia pendiente». La imputación fiscal se enmarca en la modalidad de hostigamiento o persecución sin consentimiento, y el estado del proceso figura como denuncia pendiente.
Vínculos con el caso Odebrecht y entorno político
El mismo día en que asumió funciones en Petroperú, el 26 de marzo, Arévalo participaba en una audiencia judicial vinculada al Caso Odebrecht. La diligencia correspondía a la etapa de control de acusación contra 29 investigados por presunta agrupación ilícita en procesos arbitrales relacionados con la empresa brasileña.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Arévalo habría intervenido como perito económico emitiendo informes en arbitrajes del proyecto de la carretera Interoceánica Sur, los cuales habrían favorecido a la constructora en perjuicio del Estado. En ese contexto, el Ministerio Público advirtió sobre la gravedad de los hechos atribuidos a los especialistas designados en dichos procesos.
Por otro lado, se ha señalado que Arévalo es tío de Hugo Chávez Arévalo, quien ocupó la gerencia general de la empresa durante el gobierno de Pedro Castillo. La gestión de Chávez Arévalo concluyó en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en la compra de biodiésel y supuestos pagos para acceder al cargo, lo que derivó en su inhabilitación administrativa.
Según el documento policial, la denunciante acusó al ahora funcionario, quien tenía 74 años en ese momento, de realizar tocamientos, caricias, abrazos y besos en la mejilla sin su consentimiento dentro de una oficina de su departamento en el distrito limeño de San Isidro, donde laboraba. El hecho ocurrió el 20 de agosto de ese año.
El reportaje señaló que la conducta de Arévalo Ramírez era repetitiva, ya que el 12 de septiembre el alto funcionario “le dio besos en el cuello”.
“Manifiesta la denunciante que no dijo nada por miedo o temor. Refiere que sufre de nervios, lo que pone en conocimiento de la Policía Nacional del Perú para los fines del caso”, se lee en la acusación.
Actualmente, Arévalo figura como investigado en el Tercer Despacho de la 5.ª Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, con el estado de la denuncia aún pendiente.
El dominical remarcó también que el nuevo presidente del directorio de Petroperú es investigado por la Fiscalía por el caso Los árbitros de Odebrecht. Según la tesis del Ministerio Público, Arévalo formó parte de esta organización criminal ejerciendo el rol de perito, al supuestamente emitir informes que perjudicaban al Estado y favorecían a la empresa brasileña durante los arbitrajes del proyecto Interoceánica Sur.