Ex alcalde de Lima afirma que al insistir en que Pro-Inversión debe pronunciarse primero, ministro Rey la hace larga y posterga poner en marcha el tren.
La alianza de Renovación Popular y Fuerza Popular, que sostiene a Keiko en el Senado, peligra y Rey la hace larga y posterga poner en marcha el tren. Gabriel Bustamante
Rafael Rey se ha convertido, en menos de un mes, en uno de los principales problemas políticos del gobierno de Keiko Fujimori. El enfrentamiento abierto con Rafael López Aliaga por el tren Lima–Chosica escaló después de la presentación del gabinete ante la Cámara de Diputados y amenaza ahora con afectar la alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular, indispensable para que la derecha mantenga el equilibrio de fuerzas en el Senado.
La respuesta de Rey ante los diputados terminó por encender la polémica. El ministro anunció que decidió entregar a ProInversión “todos los análisis, estudios y decisiones” sobre el proyecto para que determine su viabilidad y conveniencia. Para López Aliaga, mandar nuevamente el proyecto a evaluaciones significa simplemente dilatar su ejecución. “Basta de rodeos y de pasar la pelota a ProInversión”, respondió el exalcalde, quien terminó lanzando un ultimátum: “Ponga a funcionar esos trenes o renuncie”.
El líder de Renovación Popular sostiene que el material ferroviario donado por Caltrain ya se encuentra en Lima y que la población de Chosica, Ate, Santa Anita y otros distritos de Lima Este no puede seguir esperando mientras el Gobierno encarga nuevos análisis. La disputa tampoco comenzó esta semana. López Aliaga reveló que antes de la conformación del gabinete pidió expresamente al premier Luis Galarreta que Rey no fuera designado ministro y posteriormente lo calificó de “ministro procorrupción”, cuestionando sus posiciones respecto de Brookfield y Rutas de Lima.
El problema ha llegado ahora hasta Palacio. Según fuentes consultadas por este diario, la presidenta Cuatro frentes que ya complicaban a Rey Keiko Fujimori ya estaría evaluando la continuidad de Rey ante la escalada del enfrentamiento con Renovación Popular. La situación preocupa especialmente porque el respaldo de esa agrupación resulta decisivo para el oficialismo en un Senado donde la derecha y la izquierda cuentan actualmente con 30 representantes cada una. En Palacio el costo político comienza a pesar más que la defensa de Rey. López Aliaga no está planteando una simple discrepancia técnica sobre el tren, sino cuestionando directamente la permanencia del ministro y responsabilizándolo de retrasar un proyecto que considera listo para avanzar.
Con Renovación Popular elevando públicamente la presión, mantener a Rey podría convertir una controversia sectorial en una crisis entre aliados que el Gobierno difícilmente necesita cuando todavía no cumple un mes en funciones. La situación de Rey se complica porque la controversia ferroviaria llega cuando su gestión ya arrastra otros cuestionamientos revelados por Diario Uno. Este diario informó sobre cuatro casos en los que el ministro habría presionado a funcionarios de su propio sector en asuntos vinculados con la Carretera Central, el TUA, una expropiación en la avenida Gambetta y la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Ahora, a esos frentes se suma una pelea política capaz de costarle el cargo: López Aliaga exige resultados con el tren y su permanencia en el MTC amenaza con convertirse en una cuña entre los dos partidos que sostienen el bloque de derecha.
Cuatro frentes que ya complicaban a Rey
La crisis por el tren Lima–Chosica no encuentra a Rafael Rey libre de cuestionamientos. Diario Uno reveló que, en menos de un mes al frente del MTC, el ministro habría intervenido o ejercido presión sobre funcionarios de su sector en al menos cuatro asuntos sensibles. El primero involucra la licitación de la nueva Carretera Central y las discrepancias con el PMO francés respecto del postor que debería obtener la buena pro. El segundo frente corresponde al TUA y Lima Airport Partners (LAP), cuya gerencia general está encabezada por Juan José Salmón, antiguo compañero de aulas del ministro. El tercero involucra la expropiación de un terreno en la avenida Gambetta, en Ventanilla: según fuentes del MTC consultadas por este diario, Rey habría presionado para que el Estado pagara hasta S/11 millones por un predio cuyo valor de expropiación sería considerablemente menor. El cuarto caso se encuentra en el Programa Nacional de Telecomunicaciones. Diario Uno informó que Rey habría pedido al entonces funcionario Javier Carranza retroceder en la anulación de un contrato relacionado con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Carranza se negó y posteriormente fue retirado del cargo. Carretera Central, TUA, Gambetta y Red Dorsal ya colocaban al ministro bajo cuestionamiento. La pelea con López Aliaga agrega ahora un quinto frente, pero esta vez con consecuencias que pueden alcanzar directamente la estabilidad política del Gobierno.