Adenda que negocia el MINEM daría a Cálidda 10 años más de concesión sin licitar y sumaría US$ 1 422 millones a la tarifa, según informe de Osinergmin.
La tarifa de distribución se triplicaría desde 2034, pese a que la red ya estaría pagada. Una ley reciente dejó al regulador sin voz en el trámite.
Las familias de Lima y Callao están terminando de pagar, a través de su recibo de gas, la red que construyó Cálidda. Según el contrato firmado en 2000, en 2033 esa red debe pasar al Estado a costo cero y licitarse de nuevo. Una adenda que se negocia desde hace casi tres años en el Ministerio de Energía y Minas cambiaría ese desenlace: Cálidda se quedaría diez años más y los usuarios seguirían pagando por tuberías ya pagadas. La advertencia no viene solo de críticos externos. El Informe N° 413-2026-GRT/OS, elaborado por la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinergmin el 23 de junio de 2026, advirtió que extender la concesión hasta 2043 podría generar una utilidad operativa de US$ 1 832 millones, a valor presente de 2033, sin beneficios equivalentes para los usuarios o el Estado. El problema, según el regulador, es que la propuesta mantiene un valor cobrable para esas tuberías en lugar de fijarlo en cero. Con reversión a costo cero, la utilidad sería de 330 millones. La diferencia, 1 422 millones de dólares, la pagarían los usuarios.
UNA TARIFA TRES VECES MAYOR
Un análisis de la consultora LAEQ & Asociados, basado en los expedientes tarifarios de Osinergmin y los estados financieros auditados de Cálidda de 2004 a 2025, cuantifica el impacto. Con la reversión, la tarifa de distribución 2034-2038 sería de 13,83 US$ por mil metros cúbicos. Con la prórroga y el valor residual, subiría a 43,70: 3,2 veces más. Ese sobrecosto llegaría a hogares, industrias y centrales eléctricas. El estudio sostiene que la red ya se remunera en la tarifa. Desde 2010, Osinergmin reconoce a Cálidda una anualidad sobre el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de la red, calculada al 12 % y a 30 años. En 2025, de los 295 millones de dólares que cobró por distribución, 216 millones correspondieron a pagar la inversión. Proyectado al término del contrato, el negocio regulado habría recuperado todo lo invertido con una rentabilidad real antes de impuestos de 12,5 %, por encima del costo de capital que muestran los propios estados financieros de la empresa.
UNA DEUDA QUE LA EMPRESA MISMA FABRICARÍA
¿Por qué quedaría un saldo “pendiente” en 2033? Según LAEQ, porque en 2018 Cálidda redujo su tasa de amortización de 4,3 % a 2,7 % del costo de la red, alegando un valor residual. El artículo 22 del TUO de la Ley de Concesiones manda amortizar los bienes dentro del plazo del contrato. Con esa regla, la tasa debió llegar a 6,4 % en 2025; la empresa amortizó 3 %. El contrato solo prevé que, al vencimiento, el Estado subaste la concesión y pague el valor contable “hasta un máximo”, con lo que dé la subasta. Es un tope, no un derecho. El antecedente pesa: en 2018 Cálidda pidió a Osinergmin calcular su anualidad con el plazo remanente y no con 30 años, y el regulador lo declaró infundado. Según LAEQ, la adenda revive ese pedido rechazado.
SIETE REGIONES SIN CONCURSO
La adenda también entregaría a Cálidda la distribución en siete regiones del centro y sur. La inversión estimada, entre 429 y 550 millones de dólares, supera el 20 % del VNR de la concesión. Según el Reglamento de APP (art. 138.2), ese umbral obliga a evaluar un nuevo concurso. Una iniciativa privada abriría 90 días para que otros interesados compitan; la adenda no abre esa ventana. El concurso Siete Regiones quedó desierto en 2021, pero con otras condiciones.
PLAZOS VENCIDOS Y UN REGULADOR SILENCIADO
Cálidda presentó su solicitud el 9 de noviembre de 2023. En julio de 2025 el Gobierno anunció que MINEM y Cálidda habían llegado a un acuerdo; luego se dijo que la firma sería en semanas, después en febrero de 2026, y no ocurrió. Desde 2023 la propuesta ha tenido cinco modificaciones. Según el análisis de LAEQ, aun contando desde que rige la Ley 32441, el plazo de evaluación conjunta venció el 25 de junio de 2026. En julio, la Ley 32732 suprimió la opinión de Osinergmin en este trámite. El regulador ya advirtió el sobrecosto y no volverá a opinar. Queda pendiente la opinión del MEF, que es previa y vinculante.
LA VERSIÓN DE CÁLIDDA
La empresa rechaza que haya una sobreganancia. Explica que las inversiones de 2026 incorporadas en la tarifa serán remuneradas parcialmente con 8 anualidades hasta 2033, y que lo no remunerado se devuelve al concesionario con el valor no amortizado del activo, según el contrato vigente. Añade que las adendas pasan por un análisis de equilibrio económico-financiero del MEF que compara los flujos de la empresa sin proyecto y con proyecto. La pregunta de fondo sigue abierta: si el contrato manda licitar en 2033 con la red revertida a costo cero, ¿por qué el Estado prefiere negociar con un solo postor?