Además, Vivienda designó ante Conafovicer a Jorge Rochabrunt, denunciado en 2023 por su esposa por violencia física y psicológica.
Por resolución, el ministro de Vivienda delegó a Lelia Lazo Cornejo presupuesto, contrataciones y personal. Ella solo estuvo 13 días al frente de EsSalud en el gobierno de Boluarte.
La ministra de Vivienda no es el ministro. Mediante una resolución, el titular del sector, Mauricio Arnillas, delegó a la secretaria general Lelia Lazo Cornejo un paquete de atribuciones que, según especialistas en gestión pública, la convierte en la verdadera conductora del ministerio. La resolución de delegación le otorga a Lazo facultades en tres frentes clave. En materia presupuestal, puede aprobar todas las modificaciones presupuestales de las unidades ejecutoras del sector.
En contrataciones del Estado, puede autorizar la contratación, prórroga o renovación de los profesionales FAG del Despacho Ministerial y de los órganos que dependen de la Secretaría General. Y en administración, le corresponde remitir a la Unidad Transitoria de Pago (UTP) la relación del Personal Altamente Calificado (PAC) removido por cualquier motivo. No es un acto común. Es el ministro quien responde política y administrativamente por los nombramientos y el presupuesto de su cartera. Para los expertos consultados, esta delegación prácticamente libera a Arnillas de esa responsabilidad y la traslada a una funcionaria de su confianza. Funcionarios de Vivienda consultados por este diario coinciden: es Lazo quien “hace y deshace” en el ministerio. ¿Cuál es la experiencia de Lelia Lazo Cornejo en el sector? Según su hoja de vida, es abogada constitucionalista y su paso por el Estado se limita al gobierno de Dina Boluarte, en el sector Trabajo, donde llegó a ser presidenta encargada de EsSalud por apenas 13 días. Ninguna experiencia en vivienda, saneamiento ni construcción.
UN DENUNCIADO EN CONAFOVICER
Las designaciones cuestionables en Vivienda no terminan ahí. El sector nombró como su representante ante el directorio de Conafovicer a Jorge Rochabrunt, exasesor del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Boluarte, quien en 2023 fue denunciado por su propia esposa por violencia física y psicológica. Por esta delegación de facultades, Arnillas se perfila como otro ministro que deberá responder ante el Congreso en una interpelación en las próximas semanas.
EL MINEM DE SHINNO
En el Ministerio de Energía y Minas el panorama es similar. Según fuentes del sector, el ministro Shinno y su secretaria general, Esther Dingo Cahuas, habrían modificado el clasificador de perfiles para colocar en direcciones estratégicas a bachilleres o titulados en áreas ajenas a la especialidad, rebajando los requisitos y la experiencia que exige el Estado. Entre las oficinas afectadas figuran la Oficina General de Gestión Social, la Dirección General de Formalización Minera y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, entre otras. Los cambios se producen en pleno debate del proyecto de Ley MAPE, del que dependen más de 300 mil mineros informales que esperan su formalización, y reemplazan a funcionarios que conocían esa realidad por otros que no.
Las mismas fuentes advierten que se estaría designando a funcionarios con procesos judiciales o penales abiertos, e incluso con suspensiones registradas en SERVIR. Shinno ya enfrenta una recolección de firmas en la Cámara de Diputados por el intento de renovar, sin otros postores, la concesión a Transportadora de Gas del Perú, como denunció Diario Uno el último domingo. A ello se suma que el ministro estaría negociando con Cálidda una tarifa única del gas que beneficiaría a la empresa colombiana. Dos ministerios, un mismo patrón: cargos clave repartidos entre allegados, requisitos rebajados y responsabilidades que se diluyen.