La acusan de haber cometido faltas muy graves como desobedecer las resoluciones de la JNJ, interferencia y trato discriminatorio.
La fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza, se encuentra contra las cuerdas. Un informe elaborado por la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, recomienda imponerle una suspensión preventiva de seis meses por haber desobedecido la resolución que ordenaba la inmediata reincorporación de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.
DESOBEDIENCIA
A LA LEY
De acuerdo con el informe, Espinoza no solo demoró injustificadamente en cumplir con la orden de la JNJ, sino que además la cuestionó públicamente, lo que constituye una grave falta disciplinaria. Según la Ley de la Carrera Fiscal, su comportamiento encaja en las infracciones graves y muy graves como la desobediencia a resoluciones vinculantes, la interferencia en funciones de otros órganos y el trato discriminatorio en el ejercicio del cargo.
En otras palabras, la máxima representante del Ministerio Público habría actuado por encima de la ley, debilitando la institucionalidad y poniendo en entredicho el principio de autoridad.
UN CASO QUE
ARRASTRA
DESDE JUNIO
La controversia se originó en junio, cuando la JNJ dispuso la restitución de Patricia Benavides. Sin embargo, Espinoza optó por retrasar la ejecución de la medida y solo en agosto, tras nuevas resoluciones judiciales y administrativas, se concretó la reincorporación. Para la JNJ, la resistencia de Espinoza es inaceptable y compromete la estabilidad de la Fiscalía.
FISCALÍA AL BORDE
DEL COLAPSO
Con esta situación, el Ministerio Público vuelve a sumirse en el caos. Espinoza, quien asumió el cargo con el discurso de “defender la institucionalidad”, termina señalada por incumplir la ley. Mientras tanto, Benavides, con sus cuestionamientos y denuncias pendientes, regresa con mayor fuerza y con la balanza política a su favor.
El enfrentamiento deja al Ministerio Público debilitado, sin rumbo y sometido a pugnas de poder que golpean directamente la confianza ciudadana.
DECISIÓN EN
MANOS DE LA JNJ
El Pleno de la JNJ será ahora el encargado de decidir si aprueba la suspensión preventiva. De hacerlo, Espinoza quedaría fuera de funciones durante seis meses mientras se tramita un procedimiento disciplinario inmediato que podría derivar en sanciones más severas.
El mensaje es claro: ningún fiscal, ni siquiera la fiscal de la Nación, puede colocarse por encima de la ley ni desacatar una resolución firme de la máxima autoridad de justicia.
UNA CRISIS DE
LIDERAZGO
En momentos en que el país reclama firmeza frente al crimen organizado y la corrupción, la Fiscalía se hunde en disputas internas que debilitan su rol frente a la ciudadanía. La eventual suspensión de Espinoza se presenta como una advertencia de que la institucionalidad debe respetarse, aunque ello implique sancionar al más alto nivel del Ministerio Público.
DATO: La JNJ no permitirá que Delia Espinoza quede impune tras desafiar una resolución obligatoria. El caso confirma la grave crisis de liderazgo en la Fiscalía, hoy atrapada entre el descrédito y las pugnas de poder.