Cuatro años antes de ser asesinado, Herminio Nicolás Alvarado Trejo remitió una carta notarial en la que advirtió que habían falsificado su firma para apropiarse de un predio. También grabó un video en el que responsabilizó a Carlos Villalobos Baca. Hoy la Policía investiga si existe relación entre esas denuncias y su homicidio.
La Policía Nacional investiga el asesinato de Herminio Nicolás Alvarado Trejo (59), quien había denunciado públicamente que recibía amenazas de muerte tras revelar la presunta utilización de documentos falsificados para favorecer un proceso judicial relacionado con un terreno en Lima Norte.
Su cuerpo fue hallado en una zona descampada de la Fortaleza de Acaray, en la provincia de Huaura. La necropsia confirmó que presentaba dos impactos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio.
El crimen ha generado especial atención debido a que el exservidor de la Municipalidad de Puente Piedra había advertido reiteradamente que temía por su vida. En un video difundido en redes sociales, aseguró ser víctima de amenazas luego de denunciar la presunta falsificación de una constancia de posesión.
La primera denuncia penal: 2017
Las advertencias de Alvarado Trejo no comenzaron con la carta notarial de 2022. Ya en 2017 había presentado una denuncia penal formal contra Carlos Eduardo Villalobos Baca, documento que hoy forma parte de los antecedentes que la Policía revisa para reconstruir el caso.
Según ese escrito, presentado el 12 de septiembre de 2017 ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, Alvarado Trejo —identificado con DNI N.° 10072800— interpuso denuncia penal contra Villalobos Baca, domiciliado en el Jr. Huaccarunco N.° 192, Maranga, San Miguel, por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude procesal, al amparo de los artículos 427 y 416 del Código Penal.
En el texto, Alvarado sostuvo que Villalobos Baca venía utilizando de forma sistemática un documento público denominado «Constancia de Posesión de Lote de Terreno N.° 2099 MDPP-DPV» de fecha 3 de febrero de 2003, supuestamente emitido por la Municipalidad de Puente Piedra a nombre de Carmen Úrsula Baca Alegría, para acreditar la posesión de un predio ubicado en el Lote N.° 02 Mz. 23, Cercado de Puente Piedra (Av. Puente Piedra 520), con un área de 836.13 m².
Alvarado afirmó que ese documento era falso: aseguró que tanto su firma como el sello habían sido falsificados, que en la fecha consignada él ya no laboraba en la Municipalidad de Puente Piedra, que el sello impreso no correspondía al que utilizaba en sus labores diarias y que la constancia ni siquiera precisaba si el predio pertenecía a una asociación, urbanización, asentamiento humano o al cercado del distrito.
La denuncia añade un antecedente relevante: Alvarado señaló haber tomado conocimiento de que Villalobos Baca, en febrero de 2006, rindió una declaración policial ante el entonces fiscal adjunto a la 11.ª Fiscalía Penal de Lima Norte, Ramiro Vila Ore, en el marco de una investigación por el delito de usurpación agravada (Denuncia N.° 1280-2005) que se le seguía por hechos ocurridos el 9 de octubre de 2005, cuando presuntamente ingresó de forma violenta —junto con otras veinte personas, escalando la pared— al inmueble ubicado en la Av. Puente Piedra 520. Según la denuncia, en esa declaración de 2006 Villalobos Baca presentó como medio probatorio la misma Constancia de Posesión N.° 002099, a fin de acreditar una supuesta posesión de su madre sobre el predio, lo que —de acuerdo con Alvarado— permitió que esa investigación terminara archivada a su favor.
El documento sostiene además que Villalobos Baca acumulaba múltiples denuncias por hechos similares de falsificación y que incluso había estado privado de su libertad en el marco de presuntos delitos de usurpación de terrenos. Respecto a la prescripción de la acción penal, la denuncia argumenta que, al ser de hasta diez años la pena máxima prevista para el delito de falsedad documental, el delito no habría prescrito.
Entre los medios probatorios ofrecidos, Alvarado adjuntó copia de su DNI, de la declaración del denunciado, del parte policial 011-2006 y de la propia constancia de posesión cuestionada, y solicitó que se oficiara a los procuradores del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Municipalidad de Puente Piedra. La denuncia fue suscrita por Alvarado Trejo junto con su abogado, Fermiliano Lorenzo Anastacio, y quedó registrada con cargo de recepción el 18 de septiembre de 2017.
La carta notarial enviada antes del crimen
Cinco años después de esa denuncia, el caso volvió a cobrar fuerza. Uno de los documentos que hoy cobra especial relevancia es la carta notarial del 8 de julio de 2022, remitida por Alvarado Trejo a Carlos Eduardo Villalobos Baca.
En ese documento, el exfuncionario señala haber tomado conocimiento de un proceso judicial de prescripción adquisitiva en el que se presentó, como medio probatorio, una Constancia de Posesión N.° 002099, de fecha 3 de febrero de 2003, supuestamente expedida por la Municipalidad de Puente Piedra y atribuida a su firma.
Sin embargo, Alvarado sostuvo que dicho documento era falso, pues nunca lo firmó ni lo emitió. Precisó, además, que en la fecha consignada ni siquiera laboraba en esa municipalidad.
En la carta también afirmó que su firma habría sido falsificada y que su identidad habría sido usurpada con el propósito de sorprender al Poder Judicial y obtener una sentencia favorable para apropiarse de un inmueble.
Por ello, exigió a Villalobos Baca rectificar de inmediato esa situación y retirar el documento cuestionado. Asimismo, advirtió que, de no hacerlo, pondría el caso en conocimiento del Ministerio Público, el Poder Judicial y los medios de comunicación, al considerar que los hechos podrían favorecer la actuación de organizaciones criminales dedicadas a apropiarse de propiedades privadas mediante documentación presuntamente adulterada.
Alvarado también denunció la falsificación de planos visados por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Según su denuncia, una presunta red de traficantes de terrenos presentó un visado de planos con fines de prescripción adquisitiva que contenía firmas falsificadas, extremo que —de acuerdo con lo señalado por el propio Alvarado— habría sido corroborado mediante una pericia técnica. Esa documentación, calificada por el denunciante como «fabricada», habría sido admitida por las autoridades judiciales, lo que él consideraba un despojo contra los legítimos propietarios.
Denunció a la presunta mafia
Tras enviar la carta notarial, Alvarado continuó denunciando el caso. Posteriormente difundió un video en redes sociales en el que responsabilizó públicamente a Carlos Villalobos Baca de la falsificación de su firma. Ese video sigue circulando en distintas plataformas digitales y volvió a difundirse tras conocerse su asesinato.
Ver: https://www.tiktok.com/@hccnoticias/video/7387236631293611270
Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público desarrollan diligencias para reconstruir los últimos movimientos de la víctima e identificar a los responsables del crimen.
El exfuncionario sostuvo que detrás del caso operaba una presunta organización dedicada al tráfico de terrenos, que utilizaba documentación falsificada para obtener decisiones judiciales favorables.
Las investigaciones deberán determinar si existe relación entre las amenazas denunciadas por Alvarado Trejo, la documentación que cuestionó —incluida la denuncia penal de 2017 y la carta notarial de 2022— y el asesinato ocurrido en Huaura.