La justicia peruana continúa la búsqueda de responsables tras la masacre de Atico, ocurrida en junio de 2022, donde trece mineros perdieron la vida violentamente. Sin embargo, el proceso judicial ha tomado un rumbo polémico al incluir a empresarios legales en la investigación de la masacre de Atico.
El Juzgado Colegiado de Camaná ha abierto proceso a cincuenta y seis personas, entre las que destaca el minero formal Jesús Baca Quispe. A pesar de contar con permisos vigentes y contabilidad en regla, la Fiscalía lo acusa de ser el brazo financiero de la organización Atico Calpa.
Esta situación ha generado un fuerte debate sobre la rigurosidad de las investigaciones, pues no existen evidencias que vinculen directamente a estos empresarios con los autores materiales del horrendo crimen en la región Arequipa.
Irregularidades y falta de evidencias en el caso de la minera Intigold
El caso presenta serias inconsistencias, ya que no hay registros de transferencias, comunicaciones o coordinaciones entre Baca Quispe y los perpetradores de la masacre de Atico. El día de los hechos, el empresario se encontraba en la ciudad de Arequipa por el nacimiento de su hijo, lo que desmiente su presencia en el lugar del conflicto.
Su defensa, liderada por el abogado Giuliano Delgado, sostiene que los fondos incautados están plenamente justificados mediante peritajes contables legítimos. Además, durante las audiencias, los propios testigos protegidos han declarado ante el fiscal que no conocen al acusado, debilitando la tesis del Ministerio Público.
A pesar de la ausencia de pruebas sobre el origen ilícito del dinero, el proceso por lavado de activos y la prisión preventiva continúan vigentes. Este escenario sugiere una presunta manipulación en el sistema judicial para mantener a personas sin antecedentes criminales dentro de un expediente marcado por la falta de rigor probatorio y la presión social.
“Yo no he estado nunca en el lugar de los hechos. Yo pienso que eso se tiene que aclarar. No será de repente hoy día, pero con el tiempo tiene que aclararse tal cual como vienen las cosas”. No existen pruebas sobre la cantidad, el origen o el destino de esos fondos, ni sobre a quién se habría entregado dinero para el enfrentamiento. Tampoco hay evidencia de transferencias, comunicaciones o coordinación entre Baca y los presuntos autores materiales.
El día de los hechos, Baca se encontraba en Arequipa por el nacimiento de su hijo, según registros independientes y testimonios recogidos en el proceso. A pesar de ello, fue detenido, procesado por lavado de activos y sometido a prisión preventiva, en un expediente con irregularidades: se incluyó una supuesta cuarta arma nunca encontrada ni consignada en actas, y se allanó por error la vivienda de un homónimo en Lima. La defensa de Baca, encabezada por el abogado Giuliano Delgado, sostiene que los fondos incautados estaban justificados por peritajes contables y tenían destino comercial legítimo: “Nunca he visto que una persona que se le haya encontrado dinero se le abra investigación por lavado de activos, pese a que ha presentado tres peritajes contables para acreditar la preexistencia del dinero”, afirma Delgado.
Mineros formales pagan platos rotos por ‘Masacre de Caso Intigol’
En un reportaje del programa Panorama revela que la búsqueda de responsables por la llamada “masacre del caso Intigol” no solo alcanzó a presuntos miembros de organizaciones criminales, sino que también ha arrastrado a mineros formales y empresarios legales de la región, a pesar de la ausencia de pruebas directas en su contra.
El conflicto entre las asociaciones Atico Calpa y Calpa Renace en la unidad minera Calpa, operada por Intigold Mining, provocó un enfrentamiento armado con saldo fatal. Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Arequipa y la Policía han impulsado un proceso judicial bajo cargos de usurpación agravada, tenencia ilegal de armas, homicidio y crimen organizado.El expediente, tramitado en el Juzgado Colegiado de Camaná, involucra a 56 procesados, entre ellos empresarios mineros con operaciones legales y sin antecedentes criminales.
Panorama también documenta presunta manipulación de testigos y coordinación entre la fiscalía y algunos jueces para mantener a Baca en el proceso, a pesar de que los propios testigos protegidos no logran identificarlo ni ubicarlo en el lugar de los hechos. Durante una audiencia, un fiscal preguntó a un testigo protegido si podía identificar a Baca, a lo que el testigo respondió: “No, no lo puedo mencionar porque no lo conozco”.
El presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Azcárraga, consultado sobre la inclusión de una supuesta cuarta arma que no figura en el acta policial, declaró: “Reitero, yo en mi posición de órgano de gestión administrativo no conozco esos detalles. Y peor aún, no podría decir si la decisión del juez es la correcta”.
DATO: Actualmente, 39 personas siguen acusadas y el proceso judicial no ha concluido. El expediente incluye tanto a mineros formales como a investigados por minería ilegal, en un contexto marcado por violencia y conflictos en la zona