Dos demandas de amparo, dos interpretaciones diferentes de las mismas normas y una controversia que espera resolver el Tribunal Constitucional. Mientras Johnny Marchán reclama que se respete el periodo de cinco años para el que fue designado, Jaime Puicón consiguió que la justicia ordenara su reposición, pese a que no cumplía los requisitos profesionales exigidos para el cargo. En medio de esta disputa, el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales ha tenido siete presidentes ejecutivos en apenas dos años.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad responsable de supervisar que las empresas y actividades económicas cumplan las normas ambientales, se encuentra en medio de una controversia judicial que pone en discusión la estabilidad de sus autoridades y los límites del poder político para removerlas.
El problema tiene su origen en dos demandas de amparo presentadas por Johnny Marchán Peña y Jaime Puicón Carrillo, quienes cuestionaron ante el Poder Judicial sus respectivas separaciones de la presidencia ejecutiva del organismo. Ambos consideraron que sus derechos habían sido vulnerados, pero las salas constitucionales que revisaron sus casos llegaron a conclusiones diferentes.
La contradicción es importante. En el proceso de Puicón, la justicia ordenó su reposición en el cargo. En el de Marchán, en cambio, los jueces rechazaron su demanda y validaron la posibilidad de que el Ejecutivo lo retirara por pérdida de confianza, pese a que había sido designado para cumplir un periodo de cinco años.
Esta diferencia de criterios ha trasladado el problema al Tribunal Constitucional (TC), que tiene pendiente pronunciarse sobre el caso de Marchán. Su decisión podría establecer cómo deben interpretarse las normas que regulan la designación y remoción de los titulares de los organismos técnicos especializados del Estado.
Dos funcionarios, dos demandas y una misma institución
Para entender el conflicto es necesario revisar los antecedentes de ambos casos.
Jaime Puicón Carrillo fue designado presidente ejecutivo del OEFA en octubre de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, el 5 de enero de 2023 fue separado del cargo por no cumplir, según la evaluación de la autoridad administrativa, con el perfil profesional exigido para dirigir el organismo.
Dos días después, el 7 de enero de 2023, Johnny Marchán Peña fue designado en su reemplazo mediante la Resolución Suprema N.º 002-2023-MINAM. Su nombramiento contemplaba un periodo de cinco años, que debía extenderse hasta enero de 2028.
Marchán es ingeniero sanitario y cuenta con una maestría en gestión ambiental, además de experiencia en cargos directivos en instituciones como SUNASS, SANIPES, el Ministerio de Vivienda, OSIPTEL, el MEF y COFOPRI.
Sin embargo, su permanencia tampoco duró los cinco años previstos. El 13 de marzo de 2024, el entonces ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, dispuso la conclusión de su designación mediante la Resolución Suprema N.º 002-2024-MINAM, invocando la pérdida de confianza.
Marchán cuestionó esta decisión porque consideró que el Ejecutivo no tenía facultades para retirarlo libremente del cargo. Sostuvo que su designación estaba sujeta a un periodo legal de cinco años y que su separación debía responder a alguna de las causales expresamente establecidas en las normas que regulan el funcionamiento del OEFA.
Ambos exfuncionarios acudieron entonces a la justicia constitucional mediante demandas de amparo. Sin embargo, sus procesos terminaron mostrando dos maneras distintas de interpretar las normas aplicables.
El caso Marchán: ¿puede un ministro retirar a un presidente por pérdida de confianza?
El primer caso llegó a la Tercera Sala Constitucional de Lima, que revisó la demanda presentada por Johnny Marchán, registrada con el Expediente N.º 04829-2024.
En su sentencia del 23 de mayo de 2025, la sala confirmó la decisión del Sexto Juzgado Constitucional, que había declarado infundada la demanda. De esta manera, Marchán no consiguió que el Poder Judicial reconociera que su separación había vulnerado sus derechos.
El argumento central de los magistrados fue que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), Ley N.º 29158, permite remover por pérdida de confianza a los titulares de organismos públicos, con excepción de los organismos reguladores.
Como el OEFA tiene la condición de organismo técnico especializado y no de organismo regulador, la sala consideró que el Poder Ejecutivo conservaba esa facultad.
La resolución también tomó en cuenta que el presidente del Consejo Directivo del OEFA es designado directamente por el Ejecutivo a propuesta del ministro del Ambiente, a diferencia de otros integrantes del consejo que acceden mediante concurso público.
Sobre esa base, la sala consideró que la designación del presidente tenía un componente de confianza política que permitía su remoción.
Sin embargo, esta interpretación es precisamente la que Marchán cuestiona. Su posición es que el cargo no es de libre designación y remoción, porque la legislación establece un periodo de cinco años y regula expresamente las condiciones para dejarlo sin efecto.
La discusión, por tanto, no consiste únicamente en determinar si un ministro puede cambiar a un funcionario. Se trata de establecer si una autoridad política puede desconocer un periodo legalmente establecido invocando una pérdida de confianza que no aparece entre las causales específicas de remoción del OEFA.
El caso Puicón: una reposición que duró apenas 24 horas
La historia de Jaime Puicón siguió un camino judicial diferente.
Después de ser separado en enero de 2023, presentó una demanda de amparo argumentando que su retiro había vulnerado sus derechos constitucionales y que no se había respetado el debido procedimiento.
El Séptimo Juzgado Constitucional y posteriormente la Primera Sala Constitucional de Lima le dieron la razón respecto de la vulneración del procedimiento y ordenaron su reposición.
En cumplimiento de una decisión judicial, el Ejecutivo publicó el 25 de abril de 2025 la Resolución Suprema N.º 002-2025-MINAM, mediante la cual dispuso el retorno de Puicón a la presidencia del OEFA.
Pero su permanencia fue extraordinariamente breve. Apenas 24 horas después, el 26 de abril, se publicó la Resolución Suprema N.º 003-2025-MINAM, que dejó sin efecto esa reposición y dispuso el retorno de Juan Edgardo Narciso Chávez a la conducción de la institución.
¿Por qué se produjo un cambio tan rápido?
El Ministerio del Ambiente argumentó que Puicón no cumplía los requisitos de formación y experiencia exigidos para ocupar la presidencia del OEFA. Para sustentar esa decisión invocó la Ley N.º 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública, y el Decreto Legislativo N.º 1544.
De acuerdo con el informe de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente, Puicón, de profesión ingeniero zootecnista, no reunía el perfil técnico ni la experiencia especializada requeridos para dirigir el organismo.
Este episodio permite entender una diferencia fundamental que suele perderse en la discusión jurídica: ordenar la reposición de un funcionario por una vulneración del debido procedimiento no significa necesariamente declarar que cumple todos los requisitos para ejercer el cargo.
De hecho, la sentencia de vista del 27 de enero de 2026, emitida por la Primera Sala Constitucional en el Expediente N.º 01130-2023, precisó que la reposición no impedía que la administración ejerciera sus facultades legales para remover o dejar sin efecto una designación, siempre que respetara el procedimiento y las causales previstas en las normas.
En la etapa de ejecución, el Séptimo Juzgado Constitucional también precisó, mediante resolución del 9 de octubre de 2026, que la orden de reposición no otorgaba un derecho incondicionado a permanecer en el cargo si no se cumplían los requisitos legales de idoneidad.
En otras palabras, la justicia reconoció que podía haberse vulnerado el procedimiento de separación, pero ello no eliminaba la obligación de acreditar las condiciones profesionales exigidas para ocupar la presidencia del OEFA.
Dos salas, dos interpretaciones de las mismas normas
Aquí aparece el problema central de toda esta controversia.
La Tercera Sala Constitucional, que revisó el caso Marchán, consideró que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo permitía retirar al presidente del OEFA por pérdida de confianza.
La Primera Sala Constitucional, que revisó el caso Puicón, adoptó una interpretación diferente sobre la naturaleza del cargo y la aplicación de las normas del servicio civil. Consideró que la presidencia del OEFA está sometida a reglas específicas de designación y remoción, por lo que la administración debe respetar las causales legalmente establecidas y el debido procedimiento.
La diferencia no es menor. En un caso, se acepta la pérdida de confianza como fundamento para retirar al titular de la institución. En el otro, se exige que la separación se ajuste a las condiciones previstas en el marco legal aplicable.
La controversia enfrenta principalmente dos normas.
Por un lado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que regula la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo y contiene disposiciones sobre la remoción de titulares de organismos públicos.
Por otro, la Ley del Servicio Civil, Ley N.º 30057, cuyo artículo 52, literal b), numeral 13, incluye a los titulares y miembros de los organismos técnicos especializados dentro de la categoría de funcionarios públicos sujetos a designación y remoción regulada.
A ello se suma la Ley N.º 29325, que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 013-2017-MINAM.
Este último establece las condiciones y causales relacionadas con la vacancia y remoción de sus autoridades.
La pregunta que permanece sin una respuesta definitiva es cuál de estas disposiciones debe prevalecer y cómo deben interpretarse conjuntamente. Esa es precisamente una de las razones por las que resulta necesario un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución.
SERVIR advierte que el cargo tiene reglas especiales
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), organismo rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos del Estado, también se ha pronunciado sobre esta materia.
A través de distintos informes técnicos y legales, entre ellos los informes N.º 087-2014-SERVIR/GPGSC, N.º 001500-2022-SERVIR-GPGSC, N.º 000048-2023-SERVIR-GPGSC y N.º 000519-2026-SERVIR-GPGSC, ha desarrollado el criterio de que los titulares de organismos técnicos especializados están sujetos a un régimen de designación y remoción regulada.
Esta interpretación significa que no pueden ser considerados automáticamente funcionarios de libre remoción por el solo hecho de que su designación sea realizada por el Poder Ejecutivo.
En el caso del OEFA, las causales para dejar el cargo deben encontrarse en las disposiciones que regulan su funcionamiento. Según este criterio, la pérdida de confianza no figura entre las causales específicas establecidas en su reglamento.
La posición de SERVIR adquiere importancia porque se trata de la autoridad técnica en materia de recursos humanos del Estado. Sus pronunciamientos ofrecen elementos para interpretar el régimen aplicable, aunque corresponde al Tribunal Constitucional determinar el alcance constitucional y legal de las normas en controversia.
El asunto tampoco se limita al OEFA. Existen más de diez organismos técnicos especializados cuyos titulares están sujetos a requisitos y condiciones especiales de designación y remoción. Entre ellos figuran OSINFOR, CONCYTEC, INACAL, el Instituto Tecnológico de la Producción, SENAMHI, el Instituto Geofísico del Perú, CEPLAN y el INEI.
Por ello, el criterio que establezca el Tribunal Constitucional podría tener consecuencias para otras instituciones del Estado.
El Tribunal Constitucional tiene la última palabra
Después de perder en las dos instancias del Poder Judicial, Johnny Marchán llevó su caso al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio constitucional presentado el 26 de agosto de 2025.
El recurso fue concedido y elevado al máximo órgano de interpretación constitucional el 1 de septiembre de ese año. El proceso quedó registrado con el Expediente N.º 03810-2025-AA/TC.
Sin embargo, al 12 de noviembre de 2026, el caso continúa pendiente de pronunciamiento. Han transcurrido más de catorce meses desde su ingreso al Tribunal Constitucional sin que se haya priorizado su resolución.
Ante esta demora, Marchán solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo. Mediante una carta del 4 de octubre de 2026, dirigida al defensor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, denunció un presunto defecto de tramitación y pidió que se examine la demora del proceso.
Su argumento es que la falta de respuesta afecta su derecho a obtener una decisión judicial dentro de un plazo razonable y mantiene sin resolver una controversia que trasciende su situación personal.
Además, el 3 de noviembre de 2026 presentó una oposición al pedido de Jaime Puicón para incorporarse al proceso constitucional como litisconsorte facultativo. Marchán sostiene que ambos tienen intereses contrapuestos, pues Puicón pretende ocupar la misma plaza cuya titularidad él reclama.
El Tribunal Constitucional tendrá que evaluar los argumentos de las partes y determinar si corresponde admitir esa participación procesal.
Pero el asunto de mayor trascendencia sigue siendo la interpretación de las normas que regulan la permanencia de los titulares de organismos técnicos especializados.
Siete presidentes en dos años: el costo de la inestabilidad
Mientras los procesos judiciales continúan, el OEFA debe cumplir sus funciones de supervisión y fiscalización ambiental en todo el país.
Su trabajo comprende actividades de alta complejidad, como la vigilancia de operaciones mineras, hidrocarburos, energía y pesca, así como la evaluación de posibles daños ambientales y la aplicación de medidas correctivas y sanciones cuando corresponde.
Por eso, la continuidad de su conducción no es un asunto administrativo menor.
Según el recuento presentado en la documentación del caso, el organismo ha tenido siete presidentes ejecutivos en apenas dos años. Una rotación de esta magnitud genera interrogantes sobre la continuidad de las decisiones, la ejecución de los planes institucionales y la estabilidad de los equipos técnicos.
Cada cambio de titular puede significar nuevas prioridades, revisiones de decisiones anteriores y modificaciones en la conducción administrativa. En una institución cuya función requiere seguimiento permanente de actividades económicas y procedimientos de fiscalización, la inestabilidad puede traducirse en costos operativos y retrasos.
l perjuicio no es solamente para quienes ocuparon el cargo. También alcanza al Estado y a los ciudadanos, que necesitan una autoridad ambiental capaz de actuar con independencia técnica, continuidad y previsibilidad.
La fiscalización ambiental no debería depender de la afinidad de un funcionario con el ministro de turno. Tampoco puede convertirse en un espacio donde los nombramientos y las remociones respondan a intereses políticos antes que a las necesidades institucionales.
Una decisión que no puede seguir esperando
La controversia del OEFA plantea una pregunta que el Estado necesita resolver: ¿los titulares de organismos técnicos especializados tienen periodos de permanencia protegidos por ley o pueden ser retirados por decisión política mediante una invocación de pérdida de confianza?
La respuesta debe ser clara, porque de ella depende que las reglas de designación y remoción se apliquen de manera uniforme y no cambien según el funcionario que reclame o la sala judicial que revise el caso.
El Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de establecer un criterio que permita aclarar la relación entre la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley del Servicio Civil y las normas específicas de cada organismo.
También debe quedar establecido que la estabilidad institucional no significa impunidad ni permanencia automática. Los titulares deben cumplir los perfiles profesionales exigidos y pueden ser separados cuando se configure una causal legal, respetando el debido procedimiento. La idoneidad profesional y las garantías de permanencia regulada no son principios incompatibles. Ambos deben cumplirse.
Lo que no debería ocurrir es que un cargo sujeto a condiciones legales especiales termine dependiendo exclusivamente de la confianza política de una autoridad ministerial.
El caso Marchán, además, necesita una respuesta judicial dentro de un plazo razonable. La demora prolonga la incertidumbre sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo y mantiene abierta una controversia que tiene implicancias para otras entidades públicas.
El OEFA no puede seguir funcionando bajo la incertidumbre de quién será su próximo presidente ni quedar expuesto a cambios sucesivos que debiliten su capacidad de fiscalización.
La decisión que adopte el Tribunal Constitucional no resolverá solamente la situación de dos exfuncionarios. Puede establecer un precedente sobre los límites del poder político, la estabilidad de los organismos técnicos y la obligación del Estado de respetar las reglas que él mismo ha aprobado.
En última instancia, lo que está en discusión es si las instituciones especializadas pueden trabajar con criterios técnicos y continuidad o si sus máximas autoridades seguirán expuestas a los cambios de voluntad de cada gobierno. El país necesita una respuesta.