Incumplimientos y un sobrecosto del 36.75% frenan la entrega de aeronaves claves para atender desastres en el país. Herbert Mujica Rojas ¡Gobiernistas, conspiradores e indiferentes!
La insistencia en millonarias reparaciones a unidades antiguas oculta el negocio privado y posterga la compra de flota nueva.
El Ejecutivo y el ministro Rafael Belaúnde Llosa deben transparentar los contratos antes de que la inacción cause una tragedia humana.
El agua no pregunta quién gobierna ni cuántas resoluciones se firman en el Ministerio de Defensa. Cuando llegan las lluvias, los huaicos y los desbordes, la única pregunta vital es si el Estado tiene los medios logísticos para salvar a la población. Hoy, el país se prepara para una nueva temporada de lluvias y los riesgos de El Niño, un escenario donde los helicópteros son instrumentos de rescate indispensables. Sin embargo, en lugar de asegurar esta flota, el gobierno de Keiko Fujimori y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, mantienen aeronaves claves entrampadas en una multimillonaria reparación llena de incumplimientos, sobrecostos y repuestos de dudosa procedencia. Esta situación revela cómo la prevención ante desastres ha sido subordinada a los intereses de intermediarios privados.
UN CONTRATO PLAGADO DE IRREGULARIDADES
El 10 de noviembre de 2023, el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) contrató a la empresa panameña Milenium Veladi Corp. para el mantenimiento mayor de tres helicópteros rusos. El acuerdo inicial se fijó en 20.3 millones de dólares con un plazo de 300 días, prometiendo aeronaves operativas para el 2024. Nada de esto se cumplió. A pesar de que el Estado desembolsó casi el 70 % del dinero, las naves siguen sin volar y la Contraloría comprobó el rotundo fracaso de la operación, evidenciando que el Estado paga sumas millonarias por un servicio deficiente que perjudica la capacidad de respuesta ante emergencias. La situación empeora al revisar los números. Aunque el contrato original ya incluía tributos, una adenda posterior sumó cobros por IGV e Impuesto a la Renta, elevando la cifra a 27.8 millones de dólares, lo que representa un incremento injustificado del 36.75 %. Además, los auditores detectaron que se instalaron piezas sin fecha de fabricación y repuestos cuya antigüedad amenaza la vida útil de los aparatos. Esta falta de trazabilidad en la aviación no es un simple detalle administrativo, sino un peligro mortal tanEl rescate convertido en mercancía to para las tripulaciones como para las familias damnificadas que esperan ser evacuadas.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y ESTRUCTURAL
Este manejo de los fondos públicos exige investigar a fondo cómo el Estado peruano llegó a este punto. El contrato terminó resolviéndose por incumplimiento en diciembre de 2025, pero incomprensiblemente, en 2026 la misma empresa obtuvo nuevas facilidades para continuar. Las sospechas crecen al constatar en diversos registros que Diego Alfaro Di Natale, representante de Milenium Veladi Corp., está vinculado a otros cuestionados proveedores de armamento estatal. Corresponde al Ministerio Público y al Congreso exigir que se explique quién autorizó estas adendas y qué intereses privados se siguen beneficiando con los recursos de Defensa. El problema de fondo es estructural y responde a una política que prefiere reparar material antiguo en lugar de modernizar las capacidades del país. En julio de 2022, se aprobó mediante Resolución Suprema un Plan Estratégico para adquirir nuevas plataformas militares. No obstante, la ruta del dinero sugiere que los fondos fueron redirigidos para mantener el lucrativo mercado de las reparaciones de aeronaves rusas. La conducción fujimorista no puede lavarse las manos argumentando que estos contratos son de gestiones anteriores; hoy tienen la obligación de transparentar cuántos helicópteros sirven, publicar las adendas y explicar por qué siguen gastando millones en prolongar la vida de aeronaves obsoletas.
El rescate convertido en mercancía
La terquedad en sostener contratos opacos con intermediarios privados en lugar de renovar la flota nacional demuestra la indolencia del aparato estatal. Para los sectores que administran el país, la defensa nacional funciona como un mercado cerrado donde unos pocos imponen precios y piezas, mientras el rescate de peruanos en peligro se reduce a una oportunidad de negocio. El verdadero escándalo no es solo la pérdida de millones de dólares; el verdadero escándalo estallará cuando los ríos se desborden y las familias aisladas descubran que los helicópteros que debían salvarles la vida fueron convertidos en mercancía.
DATO: EL CONTRATO original con Milenium Veladi Corp. establecía un costo de 20.3 millones de dólares, pero mediante adendas avaladas por el Estado se incrementó a 27.8 millones. A pesar de este cuantioso sobrecosto del 36.75 % y de que se pagó el 70 % del monto sin recibir los helicópteros operativos en el plazo establecido, la gestión actual permitió que la empresa continuara con los trabajos en 2026.