Transportistas paralizan Ucayali y Loreto por el precio del diésel y la gasolina, con bloqueos, suspensión de clases y nuevos paros anunciados. Gremios exigen respuestas y la presencia de Keiko Fujimori, mientras el Ejecutivo guarda silencio ante la primera protesta multirregional de su gestión.
Pucallpa amaneció este lunes con el óvalo Sáenz Peña tomado y la carretera Federico Basadre bloqueada. En Loreto, los gremios anunciaron para miércoles y jueves la paralización del transporte urbano, interurbano y fluvial. Aunque separados por cientos de kilómetros, ambos reclamos tienen un mismo origen: el incremento de los combustibles, que ha golpeado directamente a transportistas, comerciantes y familias de la Amazonía. En Pucallpa, el precio del combustible llegó a bordear los 22 soles por galón, mientras que en Loreto superó los 30 soles.
El impacto no termina en los grifos: el encarecimiento del transporte se traslada a los pasajes, los fletes y finalmente a los alimentos que llegan a los mercados. En ciudades amazónicas, donde las distancias y la dependencia del transporte terrestre y fluvial son mayores, cada incremento termina repercutiendo con especial fuerza sobre el costo de vida. La situación es particularmente sensible en Loreto. Iquitos no tiene conexión por carretera con el resto del país y depende del transporte fluvial y del combustible que llega por barcaza, lo que amplifica cualquier variación de precios. Los gremios amazónicos no solo reclaman un subsidio, sino que cuestionan que los beneficios tributarios vigentes durante más de dos décadas en la Amazonía no se hayan traducido en combustible más barato para mototaxistas y trabajadores fluviales.
Petroperú sostuvo que cuenta con inventarios suficientes en su planta de Pucallpa y atribuyó el incremento a factores internacionales, entre ellos el conflicto en Medio Oriente, la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz y los ataques contra buques petroleros en el mar Rojo. La estatal precisó además que los grifos afiliados a su red son negocios independientes que determinan el precio final al consumidor. Para los gremios, sin embargo, esas explicaciones no resuelven una situación que golpea directamente sus ingresos. La protesta ya adquirió una dimensión política. En Ucayali, el Frente de Defensa y los gremios movilizados exigen la presencia de la presidenta Keiko Fujimori para que el Ejecutivo atienda directamente sus reclamos.
En Loreto, el senador Juan Carlos del Águila anunció que llevará al Consejo de Ministros una propuesta para establecer un mecanismo de subsidio al transporte amazónico, mientras los gremios demandan la presencia del ministro de Energía y Minas y la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel. El conflicto, además, no comenzó con el cambio de gobierno.
Desde marzo se han registrado protestas vinculadas al abastecimiento y precio de los combustibles, y en mayo más de 120 mil transportistas amenazaron con iniciar un paro indefinido. La administración anterior respondió entonces con un subsidio de cuatro soles por galón, pero la medida terminó dejando fuera a buena parte del transporte urbano formal. La protesta que hoy vuelve a las carreteras es, por tanto, un problema heredado que hasta ahora no ha encontrado una solución de fondo. Hasta el cierre de esta edición, ni la Presidencia de la República ni la Presidencia del Consejo de Ministros habían fijado públicamente una posición sobre los paros. A solo dos semanas de iniciado el nuevo gobierno, el conflicto se convierte así en la primera prueba social de alcance multirregional para la administración de Fujimori. La respuesta del Ejecutivo —mediante subsidios, diálogo o medidas frente a los bloqueos— marcará también la relación que construya con las organizaciones sociales y con las regiones alejadas de Lima.
TACNA: EL SUR TAMBIÉN SE PARALIZA
El incremento de los combustibles también genera protestas lejos de la Amazonía. En Tacna, el gremio de transportistas convocó un paro de 48 horas ante el aumento de sus costos de operación. La medida llevó a la Dirección Regional de Educación a suspender las clases presenciales en el ámbito de la UGEL, ante las dificultades previstas para el desplazamiento de estudiantes y docentes. A la protesta de los transportistas se suma la preocupación de los usuarios por un eventual incremento de los pasajes.
Vecinos han denunciado que las empresas buscan elevar la tarifa hasta S/1,50, lo que representaría un alza del 50% y trasladaría directamente el mayor costo del combustible a familias, escolares y trabajadores que utilizan diariamente el transporte público. El caso de Tacna amplía el alcance político del conflicto. Lo que en Ucayali y Loreto aparece como una crisis especialmente aguda por las condiciones de la Amazonía también comienza a expresarse en el extremo sur del país. Con protestas simultáneas en tres regiones, el precio de los combustibles deja de ser una demanda aislada de determinados gremios y se convierte en un problema que el nuevo Ejecutivo deberá enfrentar antes de que otras regiones se incorporen a las movilizaciones.