Un megaoperativo contra la presunta banda criminal «Los Oropeza» se ejecuta en Lima y otras regiones del país, en medio de investigaciones que apuntan a la presunta implicación de efectivos policiales dentro de la red delictiva.
El coronel de la Policía Nacional, Rafael Morón Díaz, fue detenido en el marco de una investigación que indaga el presunto reemplazo de un lingote de oro por una réplica de cobre. La medida se ejecutó durante un operativo fiscal que también incluyó allanamientos en distintas regiones del país.
Según informó el medio Latina, la intervención se realizó como parte de las acciones contra una presunta organización criminal denominada «Los Oropesa». Las diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea en Lima, Cajamarca y Huánuco.
Investigación sobre el lingote de oro
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los hechos se remontan a una intervención en la que se incautaron lingotes de oro a un ciudadano extranjero. En ese contexto, se sostiene que uno de estos habría sido sustituido antes de ser entregado formalmente a las autoridades competentes.
La tesis fiscal plantea que el material original habría sido previamente registrado con el objetivo de fabricar una réplica. Esto habría permitido reemplazar el lingote auténtico por uno de cobre con características similares.
Testimonio y elementos de prueba
La investigación incluye el testimonio de un colaborador eficaz, quien habría señalado que el cambio del lingote se produjo en una sede policial. Según esta versión, el oro auténtico habría sido retirado y posteriormente comercializado fuera del circuito legal. Asimismo, se evalúan comunicaciones entre los presuntos implicados, las cuales formarían parte de los elementos que sustentan la investigación en curso.
El Ministerio Público atribuye a los investigados presuntos delitos como peculado, cohecho y lavado de activos. En el marco de las diligencias, se dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la incautación de equipos electrónicos.
Un oficial de carrera bajo la lupa
Rafael Morón Díaz es un oficial con trayectoria en la Policía Nacional, conocido por su labor como jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad (Brecc) en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos con mayores desafíos en materia de seguridad ciudadana. En ese cargo, Morón Díaz estuvo al frente de operativos relevantes contra la delincuencia organizada y el crimen común. E incluso aparece en diversos medios de comunicación brindando entrevistas.
Sin embargo, su nombre hoy aparece asociado a un escándalo de corrupción que involucra a varios efectivos policiales, incluidos capitanes, suboficiales y técnicos de la Dirincri.
La intervención y allanamiento de su vivienda en La Molina, uno de los trece inmuebles registrados en simultáneo, arrojó el hallazgo de una importante suma de dinero en efectivo que ahora será materia de investigación. Además de la residencia de Morón Díaz, fueron allanadas propiedades en San Juan de Lurigancho, Canto Rey y El Agustino, donde se indaga la posible participación de otros miembros de la institución, incluyendo a Alaín Jesús Malaver, hermano del exministro del Interior y técnico de segunda actividad en el área de inteligencia de delitos contra la criminalidad de la Dirincri. Todo esto sucedió en el piso 14 de Dirincri en la avenida España.
El caso del ‘cambiazo’: oro por cobre en la sede policial
El caso se reportó en el 2023, cuando agentes de la Dirincri incautaron dos barras de oro a un ciudadano colombiano, como parte de una acción contra el tráfico ilegal de metales preciosos. Según la tesis fiscal, una vez que el oro fue trasladado al piso 14 de la Dirincri, se produjo el reemplazo de una de las barras auténticas por una réplica en cobre.
El modus operandi incluyó la toma de fotografías de las barras originales, utilizadas para fabricar copias casi idénticas en forma y peso. Una vez consumado el reemplazo, el lingote de oro verdadero fue vendido en el mercado negro por cerca de doscientos mil dólares, aunque su valor real superaba el millón de soles. La réplica, en tanto, fue presentada como pieza original ante las autoridades, mientras los fondos obtenidos por la venta ilegal se distribuyeron entre los involucrados.
Durante la investigación se detectó que algunos policías que participaron en el operativo original recibieron amenazas e intentos de coacción por parte de los implicados, con el fin de evitar que denunciaran el “cambiazo”. Se ofrecieron incentivos económicos y, en algunos casos, se recurrió a intimidaciones directas para encubrir la maniobra.