• Defensas cuestionan medida y advierten posible trasfondo vinculado a denuncias contra la exfiscal de la Nación.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica ordenó la ubicación y captura a nivel nacional de varios exfuncionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) y particulares investigados por presuntamente integrar la organización criminal denominada “Los Acelerados del Sur”, dedicada al trámite irregular de licencias de conducir en la región.
La medida, adoptada mediante la Resolución N.º 64, emitida el 12 de marzo de 2026, revocó la decisión del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y dispuso 12 meses de prisión preventiva contra los investigados por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.
La sala, integrada por los magistrados Fernando Salazar, Brenda Mesías y Orlando Carvajal, impuso la medida coercitiva contra la exdirectora regional de Transportes de Ica, Kenia Dongo Galindo, además de Mario Uribe Flores, Luisa Aparcana Reyes, Marilyn Ramos Angulo y Ronald Núñez Peña. También aparecen en la lista la abogada iqueña Norka Monzón Cárdenas, entre otros.
Prisión preventiva
La decisión judicial ha generado serios cuestionamientos en el ámbito jurídico, debido a que la medida de prisión preventiva se aplicó de manera generalizada a todos los investigados, pese a que —según las defensas— no en todos los casos existiría peligro de fuga, debido a que cuentan con arraigo laboral, familiar y domiciliario.
El abogado Aldo Uribe Flores, hermano y defensor legal de Mario Uribe Flores, anunció que denunciará a los magistrados que integran la sala ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pues -según él- acreditó que su hermano trabaja en el Gobierno Regional de Ica, tiene estudio jurídico propio y mantiene a sus tres hijos, por lo que no existe riesgo de fuga.
“Se ha desnaturalizado lo que establece el Código Procesal Penal. La resolución debió emitirse inmediatamente después de la audiencia y no más de 40 días después. Aquí hay una mano negra”, declaró.
Delia Espinoza
Otro elemento que ha llamado la atención en medio de la controversia es que la fiscal de Familia de Ica, Miluska Monzón Cárdenas —quien en noviembre de 2025 denunció ante la Junta Nacional de Justicia a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunto acoso y abuso de autoridad— es hermana de la abogada procesada Norka Monzón, incluida en la lista de investigados con orden de captura.
En aquella denuncia, la magistrada, quien además es actual conviviente del ex esposo de Delia Espinoza, afirmó haber sufrido durante más de dos décadas una persecución personal y profesional, incluso con supuestas amenazas de que se buscaría encarcelar a personas de su entorno. Fuentes judiciales sostienen que la medida podría responder a una represalia vinculada a las disputas internas con la exfiscal de la Nación.