Caso del empresario minero secuestrado y las idas y venidas del gobierno aumentan el descrédito de una mandataria que apenas tiene un mes en el cargo.
Jefa del Estado niega lo innegable sobre interrogatorio del ministro Rafael Belaúnde a detenido en Trujillo y respalda al inepto general Arriola.
El secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo han terminado convirtiéndose también en una crisis política para el Gobierno. En apenas unos días, la presidenta Keiko Fujimori, los ministros César Astudillo y Rafael Belaúnde y los altos mandos policiales han ofrecido declaraciones que no siempre coinciden sobre quiénes fueron capturados, qué participación tuvieron en los hechos y cómo se desarrollaron las primeras diligencias. La principal controversia gira alrededor de los cinco detenidos presentados tras el operativo. Fujimori negó haber recibido información equivocada y aseguró que estas personas “han confesado” y que existen documentos firmados. Sin embargo, el propio ministro del Interior había señalado previamente que los intervenidos estaban vinculados a la organización criminal investigada, mientras reconocía que la Policía todavía buscaba a los autores materiales e intelectuales del crimen. Las dudas aumentaron luego de que el fiscal Jorge Chávez Cotrina advirtiera que todavía no era posible afirmar categóricamente que los detenidos fueran responsables de los asesinatos. Según explicó, corresponde a la Policía reunir evidencia científica que permita corroborar esa hipótesis. A ello se sumaron cuestionamientos por las diferencias entre la apariencia de algunos intervenidos y las imágenes registradas durante el ataque.
Otro frente se abrió alrededor del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. Aunque aseguró que no participaba de las operaciones policiales, imágenes difundidas oficialmente lo mostraron en instalaciones de la Dirincri junto al general Óscar Arriola durante diligencias con uno de los detenidos. Fujimori salió posteriormente a precisar que Belaúnde no había participado de ningún interrogatorio y que esas actuaciones estuvieron exclusivamente a cargo de la Policía. Las explicaciones sobre la ausencia del ministro del Interior en Trujillo tampoco fueron uniformes. Mientras un comunicado del propio sector informó que Astudillo no pudo viajar debido a una delicada situación familiar, Belaúnde señaló inicialmente que se había tratado de una distribución de responsabilidades. Las versiones distintas terminaron alimentando la percepción de descoordinación precisamente cuando el Ejecutivo buscaba proyectar control frente a uno de los episodios criminales más graves de los últimos días. La crisis alcanza además a la conducción de la Policía. Fujimori evitó expresar directamente si mantiene su confianza en Arriola y trasladó esa evaluación al ministro del Interior, mientras Astudillo afirmó que su permanencia no constituye un respaldo y que todos los funcionarios se encuentran bajo evaluación. Entre versiones que se corrigen, responsabilidades que pasan de un despacho a otro y una investigación que todavía debe establecer quiénes ejecutaron el crimen, el Gobierno enfrenta su primera gran prueba de seguridad con más interrogantes que certezas.
Arriola, en el centro de la tormenta
La continuidad de Óscar Arriola al frente de la Policía se ha convertido en otro problema para el Ejecutivo. Consultada expresamente sobre si mantiene su confianza en el comandante general, Keiko Fujimori evitó responder de manera directa y trasladó la pregunta al ministro del Interior, recordando además que existe una norma que establece un periodo de dos años para la jefatura policial. César Astudillo tampoco ofreció un respaldo político explícito. “No es un respaldo”, señaló cuando fue consultado sobre la permanencia de Arriola, y sostuvo que todos los integrantes del sector, desde el ministro hasta el último suboficial, permanecen bajo evaluación. Preguntado sobre la posibilidad de solicitar la renuncia del jefe policial, respondió que “todavía” no se había llegado a ese punto. El episodio resulta especialmente incómodo porque desde el propio Gobierno se ha planteado modificar la legislación para incorporar nuevas causales que permitan cesar al comandante general de la PNP. Mientras esa discusión continúa, Arriola permanece en el cargo en medio de los cuestionamientos por los resultados frente a la criminalidad y por el manejo policial y comunicacional del caso de Trujillo.