La Fiscalía y la Policía sindican a la parlamentaria de Podemos Perú de formar parte de una investigación sobre posibles delitos cometidos en la adjudicación de servicios aéreos y logísticos en Ucayali, con supuestos vínculos entre funcionarios y empresas privadasallanaron 10 inmuebles en Lima y Ucayali como parte del caso ‘Los Operadores del Oriente’.
La legisladora Francis Paredes Castro (Podemos Perú) emitió un comunicado en donde rechaza que tanto ella como su hermana, Rosa Paredes, sean integrantes de una organización criminal y asegura que colaborará con las investigaciones del caso.Señaló que las imputaciones carecen de sustento y mencionó que su hermana, cuya vivienda en el Cercado de Lima fue allanada el miércoles 13 de mayo, no trabaja para el Estado, por lo cual cuestionó que sea vinculada a hechos irregulares.
La congresista de la bancada Podemos Perú, figura entre los investigados por el caso ‘Los Operadores del Oriente’, una presunta organización criminal que habría operado desde Ucayali para direccionar contratos públicos y colocar personas de confianza en cargos clave de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección Desconcentrada de Cultura.
Durante la madrugada del miércoles, agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía y representantes del Ministerio Público allanaron 10 inmuebles en Lima y Ucayali por orden judicial. Según la tesis fiscal, la red obtuvo beneficios económicos mediante contrataciones vinculadas a vuelos médicos, ambulancias aéreas y designaciones irregulares de funcionarios.
Las diligencias se realizaron en inmuebles ubicados en Barrios Altos, Jesús María y Santiago de Surco, en Lima, además de siete viviendas en Ucayali. Una de las viviendas allanadas pertenece a Rosa Paredes Castro, hermana de la parlamentaria. El operativo estuvo a cargo de la DIRCOCOR y contó con apoyo de agentes de inteligencia del Ministerio del Interior y efectivos policiales de ambas regiones.
La investigación comprende los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho activo propio y tráfico de influencias. De acuerdo con información policial, la presunta red habría logrado tomar control de oficinas descentralizadas del Poder Ejecutivo en Ucayali.
La Policía sostiene que la organización habría favorecido a determinadas empresas mediante contrataciones irregulares relacionadas con vuelos chárter y traslados aéreos de pacientes críticos. Las pesquisas incluyen servicios valorizados entre S/6 millones y S/10 millones, además de contratos cercanos a S/20 millones. Las autoridades estiman que la presunta organización obtuvo alrededor de S/2 millones en pagos ilícitos. Hasta el momento, no se reportan detenidos.
Sería la Men de Ucayali
La tesis fiscal señala que la presunta organización criminal colocó personas de confianza en puestos clave dentro de instituciones públicas de Ucayali. El objetivo, según las investigaciones, consistía en asegurar decisiones favorables en procesos de contratación pública y facilitar el acceso de determinadas empresas a licitaciones estatales.
Entre las entidades involucradas figura la Red Asistencial Ucayali de EsSalud. La Policía sostiene que desde esa institución se habrían direccionado contratos relacionados con ambulancias aéreas y vuelos médicos para traslado de pacientes. Las autoridades investigan si existieron concertaciones ilegales entre funcionarios y proveedores.
El caso se encuentra a cargo del fiscal Carlos Urday, integrante de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El Ministerio Público busca determinar el nivel de participación de cada investigado y esclarecer cómo operaba la presunta estructura dentro de entidades estatales.
El operativo “Los Operadores del Oriente” se ejecutó bajo la modalidad de allanamiento con descerraje y fines de incautación. Los agentes ingresaron a viviendas vinculadas a investigados y personas de interés para recoger documentos, celulares, computadoras y otros elementos relevantes para la investigación.
La intervención fue autorizada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. En las diligencias participaron efectivos especializados de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado, además de personal de inteligencia del Ministerio del Interior y agentes de apoyo de la Región Policial Ucayali.
La Fiscalía continuará con la revisión del material incautado para establecer si la presunta organización criminal utilizó influencias políticas y cargos públicos para beneficiar irregularmente a proveedores vinculados a contratos millonarios en Ucayali.