Diputada Analí Márquez sustentó la moción ante el avance de la extorsión, el sicariato y el crimen organizado y exigió al ministro resultados concretos.
César Astudillo deberá presentarse el 17 de septiembre, a las 10:00 a. m., para responder un pliego de 27 preguntas sobre su cuestionada gestión frente a la inseguridad.
Titular del Interior deberá explicar cuestionamientos por los 207 asesinatos registrados durante los primeros días del Gobierno y sus polémicas actuaciones ante el Congreso.
El ministro del Interior, César Astudillo, quedó bajo fuerte presión política luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara la moción de interpelación en su contra por los cuestionamientos a su gestión y los resultados obtenidos frente al avance de la inseguridad ciudadana. El titular del Mininter deberá presentarse ante la representación nacional el próximo jueves 17 de septiembre, a las 10:00 a. m.
La iniciativa fue impulsada por la diputada y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez Huanca, quien sostuvo que Astudillo debe explicar ante el país qué resultados concretos está obteniendo el Gobierno frente a la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. El pliego interpelatorio contiene 27 preguntas relacionadas con la conducción del sector Interior y las medidas adoptadas para contener la ola delictiva.
Durante la sustentación, Márquez señaló que la interpelación recoge la preocupación de la ciudadanía ante una inseguridad que continúa golpeando distintas regiones. Mencionó los graves hechos registrados en Trujillo, entre ellos el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro de sus acompañantes, así como crímenes ocurridos en Talara, Sullana y Paita.
El ministro también deberá responder por los cuestionamientos surgidos durante sus recientes preCifras golpean la gestión de Interior sentaciones ante el Congreso. Uno de los episodios más polémicos ocurrió cuando, aparentemente sin advertir que tenía el micrófono abierto, se quejó ante un asistente por la cantidad de documentación que debía revisar durante una sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. A los cuestionamientos políticos se suma la reciente salida del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien anunció que solicitará su pase al retiro en medio de las críticas por el avance de la criminalidad. Cuatro de las 27 preguntas del pliego de interpelación están precisamente relacionadas con su desempeño al frente de la institución policial, que ahora quedará bajo el mando del teniente general Freddy López Mendoza.
“La seguridad de los peruanos exige resultados. Frente a la extorsión y el crimen organizado, el ministro del Interior debe responder ante el país”, sostuvo Márquez. Astudillo llegará así al Pleno obligado a defender una gestión cuestionada por las cifras de violencia y explicar qué medidas concretas adoptará el Ejecutivo para contener a las organizaciones criminales que mantienen bajo amenaza a ciudadanos, transportistas, comerciantes y empresarios.
Cifras golpean la gestión de Interior
Las cifras utilizadas para sustentar la interpelación muestran la magnitud del problema. De acuerdo con datos del Ministerio Público citados por Márquez, entre enero y junio de 2026 se registraron 12,634 denuncias por extorsión y chantaje en el país, lo que representa un promedio aproximado de 70 denuncias cada día. Lima Este, La Libertad, Lima Centro, Lima Norte y Lima Sur concentraron el 53.3 % de los casos denunciados. La situación resulta especialmente crítica en zonas golpeadas por organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato, donde comerciantes, transportistas y empresarios se han convertido en blancos permanentes de las bandas criminales. A ello se suma el cuestionamiento formulado durante el debate parlamentario por los 207 asesinatos que, según Márquez, se habrían registrado durante los primeros días del actual Gobierno. Estas cifras formarán parte del escenario que enfrentará Astudillo el próximo 17 de septiembre, cuando deberá explicar ante la Cámara de Diputados los resultados de la estrategia de seguridad del Ejecutivo.