La comunicadora y candidata Susy Isabel Aponte Polo fue asesinada el 19 de septiembre de 2026 durante una actividad proselitista en un mercado de Caraz, dejando además cinco heridos.
Nueve días antes denunció llamadas extorsivas desde penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo, aunque la policía detuvo a un ciudadano extranjero como presunto gatillero.
El periodismo peruano de investigación se estremece ante un crimen que enluta a la región Áncash. La comunicadora y candidata al Gobierno Regional, Susy Isabel Aponte Polo, conocida popularmente como “China Polo”, fue brutalmente asesinada el 19 de septiembre de 2026 en pleno desarrollo de una actividad proselitista dentro de un mercado en Caraz, provincia de Huaylas. El cobarde atentado a sangre fría dejó además un saldo de cinco ciudadanos heridos, evidenciando el nivel de violencia y desprotección que sufren quienes ejercen la labor informativa fiscalizadora en zonas calientes del país.
AMENAZAS PREVIAS Y EL DEDO EN LA LLAGA POLICIAL
Nueve días antes de su ejecución, exactamente el 10 de septiembre, la valiente reportera había hecho pública una grave denuncia de alto riesgo. Polo alertó a la opinión pública que venía recibiendo llamadas intimidatorias procedentes de tres establecimientos penitenciarios del país, donde le advertían directamente sobre un plan criminal para segar su vida. En esa misma denuncia, la comunicadora señaló públicamente al general PNP Víctor Revoredo Farfán como presunto responsable ante cualquier atentado que pudiera sufrir, un testimonio desesperado que grafica el clima de hostigamiento y enfrentamiento frontal contra el poder, aunque jurídicamente no constituye una prueba definitiva de responsabilidad penal.
PATAZ, MINERA PODEROSA Y REDES DE CORRUPCIÓN
Lejos de amedrentarse por las advertencias de los penales, la “China Polo” continuaba profundizando en reportajes de alto voltaje político y económico. Entre sus últimas líneas de investigación figuraban denuncias candentes relacionadas con la convulsionada zona minera de Pataz, las operaciones de Minera Poderosa, presuntas irregularidades en altos mandos policiales, estructuras de crimen organizado y los oscuros nexos entre intereses corporativos, la política regional y el Estado. Asimismo, la periodista había puesto la lupa sobre casos complejos como el secuestro de Jenss Lara y cuestionado abiertamente en plazas públicas a cúpulas policiales de la talla de Víctor Revoredo y Óscar Arriola.
DATO
TRAS EL MAGNICIDIO, la Policía Nacional informó raudamente sobre la captura de un ciudadano extranjero sindicado provisionalmente como el presunto autor material del ataque armado, a quien se le incautó un arma de fuego. Sin embargo, esta detención preliminar del ejecutor material está lejos de esclarecer el panorama: la captura de un gatillero no revela quiénes orquestaron el crimen desde las sombras ni cuáles fueron los verdaderos móviles políticos o económicos detrás de su asesinato.
Exigencia fiscal y cabos sueltos
Hasta el momento, no existe evidencia pública que permita responsabilizar directamente a Minera Poderosa por el asesinato de la comunicadora; sin embargo, la Fiscalía tiene la ineludible obligación de indagar a fondo si sus investigaciones sobre los intereses mineros en la zona generaron las amenazas que terminaron costándole la vida. Del mismo modo, el Ministerio Público deberá interrogar y esclarecer qué líneas de investigación manejaba de la mano del periodista Gino Román, su colega en coberturas vinculadas a la minería ilegal y la política local. El asesinato de la “China Polo” no puede quedar archivado en la impunidad; el país exige saber quién ordenó acallar a balazos su voz y cuáles son las mafias que operan protegidas por el silencio.