Sin ningún tino político, presidenta Fujimori volvió a quejarse de las facultades legislativas que no le otorgó el Congreso de la República. Edwin Cavello Limas ¿El tamaño importa?
Mandataria visitó el Cecot solo con ministros salvadoreños y anunció que las seis cárceles en construcción en el Perú copiarán el modelo de ese país.
La visita oficial de Keiko Fujimori a El Salvador terminó colocando bajo cuestionamiento una de las principales apuestas de su Gobierno: copiar el modelo de seguridad de Nayib Bukele. La mandataria peruana no escatimó elogios hacia su anfitrión y presentó la experiencia salvadoreña como una fórmula para combatir la delincuencia. Sin embargo, según informó el periodista Eloy Marchán, Bukele marcó distancias al señalar que la inseguridad peruana no es comparable con la que enfrentó su país. La observación, de confirmarse en esos términos, representa un duro contraste con el entusiasmo de Fujimori por trasladar esa estrategia al Perú.
La presidenta llegó a San Salvador dispuesta a exhibir su acercamiento con uno de los mandatarios más conocidos de América Latina por su política de mano dura. Durante sus intervenciones calificó de exitoso el modelo salvadoreño y destacó sus resultados contra las pandillas. Pero detrás de los elogios quedó pendiente una explicación fundamental: cómo pretende aplicar esas medidas en un país donde el crimen organizado tiene características distintas y comprende actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato y otras economías ilícitas. La diferencia entre ambas realidades constituye uno de los principales obstáculos para los planes del Ejecutivo.
El Salvador enfrentó durante décadas a pandillas con estructuras territoriales identificables, mientras que el Perú padece la expansión de organizaciones criminales que operan en distintas regiones, atraviesan fronteras y mantienen vínculos con actividades económicas ilegales. Pretender que la construcción de grandes establecimientos penitenciarios resolverá por sí sola este problema revela las limitaciones de una estrategia que todavía no presenta respuestas integrales frente a estas organizaciones. Lejos de reconocer esas dificultades, Fujimori aprovechó su visita para volver a defender la necesidad de contar con mayores herramientas legales contra la delincuencia. La mandataria se refirió a las facultades legislativas concedidas por el Congreso y reivindicó su intención de endurecer las medidas contra las organizaciones criminales. También sostuvo que durante las últimas décadas el Perú debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, aunque no precisó qué decisiones sustentaban semejante acusación.
ADMIRACIÓN POR LA MEGACÁRCEL
La jornada incluyó un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que Bukele convirtió en símbolo de su política de seguridad. Fujimori visitó las instalaciones acompañada por autoridades salvadoreñas y miembros de su gabinete, y destacó la infraestructura y los mecanismos de control aplicados a los internos. La presidenta quedó impresionada por el establecimiento, cuya capacidad anunciada alcanza los 40 mil reclusos, pese a los cuestionamientos internacionales que rodean al sistema penitenciario salvadoreño. Tras la visita, Fujimori anunció que los seis establecimientos penitenciarios en construcción en el Perú incorporarán elementos del modelo salvadoreño. Sin embargo, no explicó cuánto costará adaptar esos proyectos, qué modificaciones requerirán ni cómo se garantizará que las nuevas prisiones contribuyan efectivamente a reducir la delincuencia. La mandataria tampoco detalló qué medidas acompañarán la ampliación de la infraetructura carcelaria para impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los establecimientos penitenciarios. El encuentro también sirvió para abordar la cooperación bilateral y la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio entre ambos países. Fujimori invitó a Bukele a visitar el Perú, pero regresará con el desafío de demostrar que su política de seguridad va más allá de los elogios al mandatario salvadoreño. Mientras el Gobierno apuesta por reproducir un modelo extranjero, los peruanos siguen esperando resultados concretos frente a la delincuencia, el sicariato y la expansión del crimen organizado.
Fujimori busca en Bukele las respuestas que no tiene
La visita de Keiko Fujimori a El Salvador dejó una interrogante: ¿necesitaba viajar hasta Centroamérica para anunciar que construirá más cárceles? La mandataria presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como una experiencia que pretende replicar en el Perú, pero no explicó cómo esa infraestructura permitirá desarticular las organizaciones criminales que operan en las calles y mantienen redes de corrupción y financiamiento ilegal. La presidenta parece apostar por importar la imagen de autoridad de Nayib Bukele, cuyo Gobierno consiguió reducir drásticamente la violencia de las pandillas salvadoreñas. Sin embargo, la realidad peruana es diferente. Aquí, el narcotráfico, la minería ilegal y otras organizaciones delictivas operan mediante estructuras que no desaparecerán únicamente con la construcción de establecimientos penitenciarios. Copiar cárceles resulta más sencillo que construir una política de seguridad eficaz. Mientras Fujimori elogia los resultados de otro Gobierno, los peruanos siguen esperando los de su propia administración. La mandataria dispone de facultades legislativas para enfrentar a la criminalidad, pero todavía tiene que demostrar que puede convertirlas en acciones efectivas. La inseguridad no se combate con fotografías frente a una megacárcel ni con discursos de mano dura, sino con inteligencia, investigación, instituciones fortalecidas y resultados verificables.