Es acusado de apropiarse de camino ancestral en la región
Ha pasado más de medio año desde que el clamor de los agricultores de la comunidad de Colcamar, en la provincia de Luya (Amazonas), saltara a las páginas de la prensa nacional, y la justicia parece seguir ciega, sorda y muda. En noviembre de 2025, la comunidad denunció ante los medios al Juez Superior Titular Gonzalo Zabarburu Saavedra por intentar apropiarse de un camino rural ancestral que conduce directamente hacia el distrito de Colcamar. Hoy, la realidad no ha cambiado: el camino sigue aparentemente invadido. La piscina del magistrado impide el paso a las chacras de la zona, mientras Zabarburu continúa ejerciendo sus funciones institucionales con total normalidad.
Humberto Aguilar La Serna, poblador de la zona, denunció hostigamiento y el acoso judicial de parte del juez . «Nos denuncia por delitos inventados, nos llama delincuentes y utiliza su poder para amedrentar a las familias rurales con el único fin de obligarnos a abandonar el terreno comunitario», sostuvo en aquel momento. Lo que más indigna a la población de Amazonas es la aparente protección de la que gozaría Zabarburu Saavedra dentro del aparato judicial.
No se trata de un magistrado cualquiera. En su legajo pesan antecedentes de gravedad que habrían costado la destitución inmediata a cualquier otro ciudadano. Zabarburu fue procesado en el pasado por el grave incumplimiento de deberes funcionales en un caso vinculado al tráfico ilícito de drogas. También fue Denunciado penalmente por el Ministerio Público tras presuntamente acosar a una colega magistrada dentro de las propias instalaciones del Poder Judicial.
Pese a su historial y el nuevo escándalo del poblado de Colcamar, el juez no ha sido suspendido de manera preventiva. Es más, resoluciones emitidas en lo que va del año 2026 demuestran que el investigado sigue integrando comisiones clave dentro de la institución en la región.
Población indignada
Desde Amazonas, pobladores de Amazonas manifestan que ya no confían en los órganos de control locales de Amazonas, donde parece que el «compañerismo» pesa más que la ley. Por ello, dirigen este llamado de auxilio e indignación directamente a las máximas autoridades disciplinarias en Lima.
“El doctor Juan Carlos Guzmán Sosa, aquí en Amazonas y a las autoridades de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial deben voltear a mirar nuestro caso. Están avalando un atropello de parte de alguien que administra justicia. Estamos pensando en acudir ante la Junta Nacional de Justicia, ante tanta indiferencia” dijo un poblador que no quiso idenficarse por miedo a las represalias.