Por: Dante Aguilar
El debate económico peruano suele girar en torno a lo mismo; crecimiento estancado, caída de inversión, menor exploración minera y deterioro fiscal. Sin embargo, hay un tema que casi no aparece en la discusión pública y que podría convertirse en una fuente concreta de dinamismo productivo; el aprovechamiento de recursos secundarios.
El Perú es una potencia minera; pero además es un país con millones de toneladas de relaves y desmontes acumulados durante décadas. Lo que antes fue considerado desecho hoy puede contener minerales económicamente viables gracias a nuevas tecnologías de procesamiento y a precios internacionales más altos.
En términos simples; tenemos recursos ya extraídos, expuestos en superficie, con infraestructura cercana y menor riesgo geológico; y no existe un marco integral que facilite su reaprovechamiento.
Desde la perspectiva económica, esto representa una ineficiencia evidente. Mientras el mundo compite por asegurar minerales estratégicos para la transición energética; el Perú mantiene inmovilizado un stock de recursos que podría generar inversión privada, empleo formal y recaudación tributaria; además de contribuir a la remediación ambiental.
El obstáculo no es tecnológico; es institucional.
Hoy el reaprovechamiento se enfrenta a vacíos regulatorios, superposición de competencias y dudas sobre la asignación de responsabilidades ambientales; esta incertidumbre eleva el riesgo jurídico y, como sabemos, donde hay riesgo normativo excesivo, el capital simplemente no llega.
Por ello, desde esta columna propongo abrir el debate sobre una Ley de Aprovechamiento de Recursos Secundarios; no como una norma sectorial ambiental, sino como una política económica moderna.
Un régimen específico permitiría diferenciar claramente el reprocesamiento de material existente de la explotación de un nuevo yacimiento; también debería establecer reglas precisas sobre titularidad, responsabilidad ambiental futura y mecanismos obligatorios de remediación financiada con parte del valor generado. Desde el punto de vista fiscal; el impacto podría ser significativo. Cada proyecto de reaprovechamiento activado implica inversión directa, contratación de servicios locales, dinamización de cadenas logísticas y generación de tributos; además, si parte de los ingresos se canaliza a instrumentos financieros de remediación, el Estado reduce presión sobre el gasto público destinado a pasivos ambientales.
En un contexto de consolidación fiscal; esa es una variable que no puede ignorarse.
Pero hay un efecto adicional; señal de confianza.
Un país que ordena sus reglas para transformar pasivos en capital productivo demuestra madurez institucional; y la inversión responde a señales claras. El Perú necesita recuperar credibilidad económica; y eso no se logra solo con estabilidad macro, sino con reformas micro que destraben proyectos concretos.
La transición energética global abre una ventana de oportunidad; los minerales críticos no solo están en nuevas exploraciones, en muchos casos están en depósitos ya existentes que pueden reprocesarse con menor impacto territorial.
Seguir tratando esos materiales como simples residuos es una decisión costosa; reaprovecharlos bajo reglas claras es una decisión estratégica.
La discusión económica del país no puede limitarse a cuánto creceremos este año; debe preguntarse qué reformas estructurales pueden ampliar nuestra base productiva sin aumentar el gasto público. El Perú tiene una economía bajo el suelo; pero también tiene otra sobre la superficie. Es momento de diseñar las reglas para activarla.
(*) Gerente general de Activos Mineros