En una primera entrega, expusimos cómo una grave denuncia por espionaje parecía ser en realidad un «cuento chino» nacido de una feroz disputa empresarial. La investigación continúa y ahora apunta a una nueva y desconcertante arista: una investigación fiscal por lavado de activos, también repentina y anónima, que, lejos de aclarar el panorama, lo vuelve más confuso. En esta nueva carpeta no solo se incluye al empresario Walton Mery, sino también a su rival y socio en Andes S.A.C., Francisco Palacios, entre otros
Una investigación cuestionable
Revisamos rápidamente la carpeta de esta investigación preliminar y saltan a la vista notorias inconsistencias. La disposición, firmada por la Fiscal Provincial Provisional (T) de la 1ra Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Geovana Mori, se sustenta principalmente en un informe policial que a su vez solo se basa en el informe periodístico de “Panorama” del 13 de Julio pasado, cuyo contenido (como lo hemos evidenciado en nuestra primera entrega) no solo es de un tema distinto (supuesto espionaje) sino que carece de fundamentos, tal como no los han ratificado diferentes fuentes del sector aeronáutico.
Curiosamente, esta no es la primera vez. En 2017, tras la fundación de Puma Air, se lanzó una denuncia anónima por lavado de activos contra Mery y los accionistas de dicha empresa, basada en una publicación del diario Expreso. En aquel entonces, el caso ni siquiera ameritó la apertura de una investigación por falta de pruebas. Un dato no menor es que Francisco Palacios, socio de Mery en Andes, fue director de ese mismo diario. Hoy, la historia parece repetirse con los mismos actores y un guión similar.
Coincidencias que generan ruido
Desde que el conflicto entre los accionistas de Andes S.A.C. estalló en 2015, se han registrado diversas acusaciones contra Walton Mery y posteriormente contra la empresa Puma Air. La lista es larga: denuncias anónimas desestimadas, citaciones del departamento de extranjería, desalojos de instalaciones aeroportuarias, etc. y la reciente resolución de su contrato con la FAP.
Lo que más llama la atención es el momento en que surge esta nueva ofensiva. La denuncia por espionaje y la apertura de esta investigación por lavado de activos se intensifican justo después de que la denuncia penal de Mery contra la plana mayor de Andes (incluyendo a Francisco Palacios Chopitea y Carlos Augusto Dammert) por administración fraudulenta y otros cinco delitos graves, fuera formalizada y pasará a la etapa de Investigación Preparatoria el 31 de julio de 2025.
¿Es una coincidencia que, cuando la situación legal de los socios de Andes se complica, se active una nueva investigación fiscal contra Mery, esta vez por lavado de activos? Todo parece indicar que nos encontramos ante una estrategia que buscaría no sólo liquidar a un competidor comercial, sino también obstaculizar e influir en el proceso penal que Mery Pinto inició contra sus socios.
¿Se estará utilizando el aparato estatal para una venganza entre privados? ¿Quién mueve los hilos detrás de estas denuncias “periodísticas” sin sustento? No es especulación. Diversas investigaciones fiscales indican que – previo pago – se podía “empapelar” a pedido a cualquiera, acusándolo de lavador de activos, gracias a denuncias anónimas.