Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal e impulsor de la Ley Pulpín, y Diego Macera, director del IPE financiado por mineras, acumulan cargos en el BCR mientras dictaminan sobre finanzas públicas
Proyectan deuda al 70% del PBI usando escenario extremo y tratan igual 246 millones para docentes que 20,000 millones en subsidios a empresas con utilidades récord
No proponen aumentar regalías mineras ni impuestos a sobreganancias en pleno boom extractivo: su única solución es recortar inversión social en salud y educación
El Consejo Fiscal convocó el 21 de octubre a una inusual conferencia de prensa para alertar sobre lo que calificó como un deterioro sin precedentes de
las finanzas públicas del país. El presidente del organismo, Alonso Segura, explicó que decidieron dar este paso porque “no es usual que estemos tan preocupados por decisiones del Estado que tienen incidencias fiscales negativas”.
Según el informe presentado, el Congreso de la República ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal adverso desde agosto de 2021, cifra que triplica el promedio de los tres periodos parlamentarios previos. El costo acumulado ascendería a 35,796 millones de soles anuales.
Además, identificaron 352 iniciativas legislativas pendientes que podrían generar presiones fiscales adicionales.
El organismo proyecta que la deuda pública podría alcanzar el 70% del PBI en 2036, muy por encima del límite legal del 30%.
Sin embargo, esta proyección extrema requiere que todas las iniciativas pendientes se aprueben, un escenario poco realista que el Consejo Fiscal presenta como inevitable para generar alarma. La concentración de medios de comunicación que funcionan prácticamente como organismos de propaganda de la gran burguesía reprodujo acríticamente estas cifras sin cuestionar la metodología ni los supuestos extremos.
La manipulación del 70%: escenario extremo como destino inevitable
El gráfico que presenta el Consejo Fiscal muestra una línea roja que llega al 70% de deuda pública como porcentaje del PBI para 2036. Esta cifra ha sido reproducida por la concentración mediática del país sin cuestionamiento alguno. Pero una lectura cuidadosa del propio informe revela que ese escenario extremo requiere que las 352 iniciativas legislativas identificadas se aprueben en su totalidad.
Con solo las leyes ya promulgadas, la deuda se ubicaría en torno al 47% del PBI hacia 2036, según admite el propio Consejo Fiscal. Esta cifra está lejos de
niveles considerados críticos en economía comparada. Japón tiene una deuda pública de 260% del PBI, Estados Unidos supera el 120%, y varios países europeos están por encima del 100%. El uso de la proyección del 70% como cifra central constituye manipulación comunicacional: se toma el peor escenario posible y se presenta como lo que va a ocurrir.
Todas las leyes en el mismo saco: nombramientos y agroexportadoras
El Consejo Fiscal presenta las 229 leyes como un bloque homogéneo de “irresponsabilidad fiscal”. No distingue entre tipos de gasto ni explica qué leyes específicas incluye en su recuento. La información disponible revela que en ese grupo se encuentran tanto la Ley 32171 que autoriza el nombramiento de 3,560 docentes universitarios con un costo de 246 millones de soles, como la Ley 32434 conocida como Ley Chlimper 2.0 que reduce el impuesto a la renta del 29.5% al 15% para grandes agroexportadoras hasta 2035, con un costo acumulado de 20,000 millones de soles.
También están incluidas leyes que autorizan el nombramiento de más de 2,400 profesionales, técnicos y auxiliares de salud contratados bajo régimen CAS que trabajaron durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Adicionalmente,
se encuentra el nombramiento progresivo de personal administrativo CAS en el sector salud que abarca a más de 20 mil trabajadores precarizados. El Congreso también ha aprobado el nombramiento de hasta el 40% de los profesionales de salud y técnicos asistenciales del Ministerio de Salud, muchos de ellos enfermeras que trabajaron en primera línea durante la pandemia sin estabilidad laboral. El listado incluye además la creación de 20 universidades nacionales en 15 regiones del país, iniciativa impulsada por el partido Perú Libre para cerrar brechas de acceso a educación superior, especialmente en sierra y selva donde la oferta educativa es prácticamente inexistente.
Inversión social versus privilegiosempresariales: la doble vara
El primer grupo de leyes representa inversión en capital humano, profesionalización de servicios públicos, cierre de brechas educativas y pago de deuda social histórica. Nombrar docentes universitarios, estabilizar laboralmente a enfermeras y técnicos que trabajaron durante la pandemia sin protección alguna, o crear universidades públicas en zonas sin acceso a educación superior no es gasto corriente sino inversión que genera retornos a largo plazo.
Cada sol invertido en educación y salud genera más de un sol en actividad económica a través de multiplicadores fiscales. Trabajadores con estabilidad laboral consumen más, ahorran más, y contribuyen a la economía formal.
En contraste, la Ley Chlimper 2.0 es un subsidio tributario directo a siete grandes empresas: Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper, Agrícola Cerro Prieto, Drokasa, Ecosac y Agrovisión. Camposol exportó 477 millones de dólares en 2024 con utilidades récord. La pregunta que el Consejo Fiscal no responde es por qué 246 millones para docentes, el nombramiento de personal de salud que trabajó en la pandemia, o la creación de universidades en zonas abandonadas genera alarma dramática y convocatoria de prensa inusual, mientras que 20,000 millones para empresas con utilidades récord apenas merece una mención técnica tibia en el informe. Javier Escobal, miembro del Consejo Fiscal, reconoció que “hay un número importante de medidas que sacrifican ingresos. Tenemos exoneraciones de zonas económicas y de agroindustria”. Alonso Segura añadió que “la ley agraria es un sector consolidado, no necesita otro tipo de intervención pública. Los sacrificios en los ingresos van a ir concentrados a muy pocas empresas”. Sin embargo, esta
crítica tibia y técnica contrasta radicalmente con el tono apocalíptico que el Consejo Fiscal usa para referirse al gasto social.
Boom minero y austeridad: la contradicción ideológica de fondo
José Valderrama, miembro del Consejo Fiscal, afirmó que “en un contexto favorable como el actual, con récord de exportaciones y con un precio alto del oro, se debió ahorrar, pero por el contrario se está elevando el gasto sin sustento”. Esta postura revela la lógica profunda de la ortodoxia fiscal: con precios récord de minerales, el Estado debe priorizar superávit fiscal y ahorro en lugar de redistribuir rentas extractivas.
Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Los precios del cobre se mantienen altos y las proyecciones indican que seguirán así por la demanda de la transición energética global. Sin embargo, el Consejo Fiscal no propone aumentar regalías mineras del 3% actual a niveles de 8-10% que son estándar en la región. No menciona impuestos a sobreganancias extractivas cuando las mineras están teniendo utilidades históricas. No sugiere eliminar exoneraciones fiscales a grandes empresas que cuestan miles de millones anuales al erario. Su única solución, repetida hasta el cansancio, es recortar gasto social. Perú tiene una presión tributaria de solo 15% del PBI, una de las más bajas de la región.
LA CAPTURA INSTITUCIONAL COMO MÉTODO:
CUANDO LOS GUARDIANES DE LAS ARCAS SIRVEN A QUIENES LAS VACÍAN
El Consejo Fiscal nace formalmente para vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero en la práctica funciona como portavoz de una clase que nunca paga la cuenta. Cuando Segura y Macera acumulan cargos en el BCR, el Consejo Fiscal y organismos vinculados al capital privado, no están diversificando perspectivas sino consolidando una misma visión desde
múltiples trincheras institucionales. La convocatoria “inusual” a prensa no fue un acto de transparencia técnica sino una operación política: activar el aparato mediático concentrado para instalar la idea de que el problema del Perú son los maestros que quieren pensión digna, no las mineras que pagan 3% de regalías en pleno boom extractivo. Lo sospechoso no es solo lo
que dicen sino lo que sistemáticamente callan. Nunca hay conferencia de prensa inusual cuando se aprueban exoneraciones millonarias. Nunca hay gráficos alarmistas cuando las utilidades mineras baten récords mientras las regalías se mantienen congeladas. Nunca hay llamados urgentes a los medios cuando siete empresas se llevan 20,000 millones en subsidios tributarios. La pregunta incómoda es simple: ¿a quién sirve realmente un organismo técnico cuyos miembros transitan sin conflicto entre defender los intereses del capital privado y dictaminar sobre las finanzas del Estado? La respuesta está en cada silencio calculado, en cada omisión conveniente, en cada vez que la palabra “crisis” se reserva exclusivamente para cuando los de abajo piden migajas de lo que los de arriba se llevan por toneladas.
DATO: Quiénes integran el Consejo Fiscal y sus conflictos de interés Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Ollanta Humala. En noviembre de 2014 anunció en el CADE de Paracas el proyecto del nuevo régimen de empleo juvenil, conocido posteriormente como Ley Pulpín. Esa ley eliminaba derechos laborales fundamentales para jóvenes de 18 a 24 años: reducía vacaciones de 30 a 15 días, eliminaba CTS, gratificaciones, participación en utilidades, y reducía
indemnización por despiso arbitrario. Fue derogada el 26 de enero de 2015 tras cuatro marchas masivas de jóvenes. Segura es actualmente miembro del
Directorio del Banco Central de Reserva desde 2021, acumulando posiciones de poder institucional.
Diego Macera, también miembro del Consejo Fiscal y del Directorio del BCR desde noviembre de 2021, es director del Instituto Peruano de Economía (IPE), think tank financiado por empresas de manufactura, finanzas, minería y construcción que no publica la lista completa de sus asociados. Su perfil profesional menciona vínculos con “distintas compañías mineras nacionales e internacionales” sin especificar cuáles. Integró la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros. Desde todas estas posiciones de autoridad institucional, Macera ha construido una narrativa coherente: el problema fiscal del Perú es el gasto social excesivo, no la baja captura de rentas del capital.