Críticas en plena Asamblea de la FIO responden a intereses políticos, no a su idoneidad.
Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar ligados a ONGs caviares y pretenden la desestabilización.
En medio de una ofensiva mediática de exdefensores y organizaciones cercanas a ONGs internacionales, el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, viene consolidando una agenda que reafirma la vigencia de la institución y su compromiso con los sectores más vulnerables.
Durante su gestión, la Defensoría ha impulsado el programa Rompiendo Cadenas, implementado en 2023, que ha beneficiado a más de 26 mil hijos de personas privadas de libertad y cerca de 200 mil niños en riesgo. Al mismo tiempo, Gutiérrez ha sido distinguido por el Colegio de Periodistas del Perú por su aporte a la defensa de la libertad de expresión, destacando también la importancia de la ciberseguridad para garantizar que los hombres y mujeres de prensa ejerzan su labor en entornos seguros.
Lejos de los cuestionamientos sobre su idoneidad, voces especializadas respaldan su actuación en temas sensibles. El constitucionalista William Oblitas consideró que la demanda
de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría respecto a la Ley de
Amnistía fue “oportuna y necesaria” para que sea el Tribunal Constitucional (TC), y no la discrecionalidad de ciertos magistrados, quien defina la validez de la norma. Con ello se busca cerrar la puerta al uso arbitrario del control difuso, que ha permitido a algunos jueces desconocer leyes vigentes.
En contraste, los ataques de exdefensores como Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar, quienes firmaron una carta a la FIO, revelan más un interés político que técnico. Albán fue director de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional con financiamiento de cooperación internacional; Vega dirigió el Instituto de Ética y Desarrollo de la PUCP (IDEHPUCP), con estrechos vínculos a proyectos de derechos humanos y cooperación externa; y Revollar ha participado en foros y redes de ONGs feministas y de derechos humanos. Estos antecedentes explican la
afinidad de sus posiciones con la agenda de organizaciones internacionales que buscan mantener abierta la controversia sobre la amnistía.
La estrategia de los críticos es presentar la gestión actual como una “crisis institucional”, cuando en realidad el debate gira en torno a la competencia del TC y al impacto que tendría su pronunciamiento sobre la agenda de ONGs que han intervenido históricamente en casos de memoria y justicia transicional. La disputa, más que jurídica, se ha convertido en una pulseada política.
Con hechos concretos, reconocimientos nacionales y el respaldo de especialistas, la gestión de Josué Gutiérrez reafirma que la Defensoría del Pueblo sigue siendo un pilar de defensa ciudadana y un contrapeso frente a los excesos del poder, más allá de las campañas de desprestigio que buscan debilitar su legitimidad.
Que el TC defina, no la discrecionalidad de jueces
El debate en torno a la Ley de Amnistía debe resolverse en el Tribunal Constitucional, máxima autoridad en materia de control de constitucionalidad, y no quedar sujeto a la discrecionalidad de jueces que, bajo el control difuso, han decidido inaplicar la norma.
La demanda presentada por la Defensoría del Pueblo busca precisamente que sea el TC quien zanje el tema de fondo. Un fallo claro pondrá fin a la incertidumbre y dará a los peruanos estabilidad y seguridad jurídica, fortaleciendo el Estado de derecho y el respeto a la Constitución.