Desde marzo pasado, alcalde López Aliaga sabía de mala condición de sus trenes chatarra, pero insistió en anunciar “marcha blanca”.
Para que funcionen, locomotoras y vagones necesitan refacciones que costarán varios millones de soles. Además, consumirán una barbaridad de combustible.
Desde marzo de este año, Rafael López Aliaga tenía pleno conocimiento de que las locomotoras y vagones donados por Caltrain al municipio limeño se encontraban en condiciones deplorables.
Así lo señala un informe técnico de Rail Electrical Services LLC, elaborado por encargo de la propia comuna, que estableció que solo una parte de las unidades podría ponerse en marcha tras reparaciones complejas y onerosas.
El documento, al que accedieron diversas instancias públicas, advierte que al menos dos locomotoras y un vagón eran completamente inservibles, mientras que la mayoría presentaba fallas estructurales, motores dañados y sistemas eléctricos deteriorados. En algunos casos, incluso se hallaron signos de ocupación humana y piezas faltantes, lo que evidencia el abandono de este material ferroviario.
Pese a estos hallazgos, el alcalde optó por presentar los trenes como si estuvieran listos para operar, asegurando que iniciarían una “marcha blanca” de inmediato. La distancia entre lo que indicaba el informe y lo que declaró públicamente es hoy el centro de las críticas a su gestión, en un contexto donde la transparencia debería primar en el manejo de recursos públicos.
El estudio también advierte sobre los altos costos que implicaría recuperar las locomotoras clasificadas como “rehabilitables”.
Además de reparaciones en motores, baterías y sistemas hidráulicos, se subraya que varias unidades consumen combustible en exceso, lo que comprometería seriamente la sostenibilidad de cualquier proyecto de transporte basado en estas máquinas.
La situación llevó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a remitir la documentación a la Contraloría, al Congreso y al Ministerio Público. El objetivo es deslindar responsabilidades administrativas, civiles y penales respecto a la decisión de trasladar estos equipos al país sin garantizar su operatividad ni evaluar el costo real de su mantenimiento.
En lugar de dar explicaciones, la Municipalidad de Lima ha iniciado acciones legales contra medios y periodistas que revelaron el estado de los vagones.
Esta reacción, lejos de aclarar dudas, refuerza la percepción de una gestión que pretende ocultar información incómoda en lugar de rendir cuentas ante la ciudadanía.
Mantenimiento costará millones
El Ministerio de Transportes ha confirmado que el acondicionamiento inicial
de las locomotoras y vagones demandará más de 1.8 millones de dólares, un gasto inevitable si se quiere poner en marcha el tren Lima–Chosica. Además, varios de los modelos importados consumen un volumen excesivo de combustible, lo que incrementará los costos de operación y podría convertir el proyecto en una pesada carga económica para el municipio y los contribuyentes.